20 DE JUNIO, 2021

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Con la construcción de las edificaciones del actual barrio Cano se intentó mejorar la calidad de vida de los sectores más humildes de la población. Debían cumplir la doble premisa de ser económicas y confortables.

El déficit habitacional es un problema que cada gobierno intenta solucionar para brindarle posibilidades de acceso a la vivienda a la población. Pero la solución no siempre fue pensada como una respuesta particular dirigida a cada familia.

En los años 30 del siglo XX se apostó a las denominadas casas colectivas que estuvieron destinadas, principalmente, a los sectores de bajos recursos. Este tipo de viviendas (actual barrio Cano) tenían una doble ventaja: eran confortables y económicas.

La arquitecta Cecilia Raffa, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa) del Conicet, nos invita a conocer el proceso de ideación del primer “pueblo” para obreros construido en la provincia.

Origen y objetivos

Entre 1935 y 1939, y con el paso de dos gobernadores, Guillermo Cano y Rodolfo Corominas Segura, se materializó el proyecto de las casas colectivas, primer pueblo para empleados y obreros modestos.

La operación apuntó a modificar la forma de vida del sector más humilde de la población. La preocupación del gobierno estuvo puesta no en el alto porcentaje de la población formada por los inmigrantes alojados en conventillos y viviendas autoconstruidas, sino en los “argentinos nativos” que migraban desde la zona rural hacia la ciudad de Mendoza.

Esa fue la población que se asentó tanto en el municipio capitalino, como en la amplia zona circundante que comprendía los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Guaymallén y Las Heras y que conformaban con Capital una unidad vital-económica.

Ubicadas en el terreno sugerido por la Comisión de Casas Económicas en el sector noroeste de la ciudad, sobre la avenida Boulogne Sur Mer y muy cerca del Parque General San Martín, las casas colectivas se levantaron como una de las más ambiciosas obras emprendidas por el gobernador Cano durante sus años de gestión, constituyéndose al mismo tiempo en la primera respuesta concreta que el gobierno provincial daba al problema habitacional, particularmente al de la vivienda para los sectores de bajos recursos.

Dentro de ese sector los empleados estatales aparecían como una franja de ingreso mínimo, pero estable. El proyecto de los arquitectos Civit fue expuesto en un mensaje elevado por el gobernador Cano a la Legislatura en septiembre de 1935.

En el escrito, el dirigente esgrimió las causas por las cuales el Estado debía hacerse cargo del “albergue confortable y económico”, para los componentes más humildes de la comunidad.

Los bajos salarios para la compra de la casa propia por parte de los trabajadores y la proliferación de los conventillos fueron parte de esas razones. Los males que producía la “mala vivienda” serían contenidos ahora por el bienestar que produciría un hogar estable y feliz.

A lo largo de su argumento Cano intercaló razones cercanas a la moralidad, la higiene, el confort y la economía. Apoyado en el conocimiento que sus viajes por Europa y el estudio de operatorias privadas, mixtas o estatales sobre el tema de la vivienda popular le habían proporcionado, Cano entendió que era el Estado Moderno quien debía cumplir una función social ineludible a favor de las clases menos afortunadas y decidir su intervención directa en la construcción de viviendas populares.

Ventajas y beneficios

Si bien para el gobernante las casas individuales satisfacían el ideal del hogar propio, confortable e independiente; las ventajas de las colectivas respecto de una operatoria estatal significaban: un menor costo (mejor aprovechamiento de los recursos invertidos por el Estado); un alquiler inferior (mayor alcance popular); menos terreno para mayor número de habitantes (aprovechamiento de suelo); la centralización de todos los servicios generales (economía de recursos); la provisión de calefacción y agua caliente y la facilidad de control administrativo.

Un año después que el gobernador elevara el mensaje a la Legislatura y que el proyecto se presentara en el Congreso Argentino de Urbanismo celebrado en Buenos Aires en 1935, la Cámara de Senadores, otorgó la media sanción necesaria para la aprobación de la Ley 1190.

Lo que los autores propusieron en el conjunto de viviendas colectivas, de edificación completamente standard, fue el empleo de materiales nacionales (muros de mampostería y losas planas de hormigón) y mano de obra local.

Encarar una obra de semejante magnitud, significó para la deprimida realidad de los años 30, reactivar la industria de la construcción mendocina y la gran cantidad de industrias que de ella dependían.

La vivienda popular era una temática social de auge internacional y de creciente interés nacional. La solución adoptada en Mendoza, considerando las viviendas como edificios de rentas comunes, demostraba que una construcción “auto financiable” era plausible de ser afrontada por cualquier gobierno o municipalidad.

Con fecha 9 de enero de 1937, el Poder Ejecutivo provincial aceptó mediante el Decreto 10, el emplazamiento propuesto por la Comisión para la construcción de las casas colectivas.

Características y ubicación

El sitio, según el Ejecutivo, reunía el “máximum” de condiciones deseables: su amplia extensión; la situación alta y salubre, con buen aire y vista de la “sierra”; el frente a una ancha avenida de gran porvenir (Boulogne Sur Mer); el fácil acceso desde la ciudad; la vecindad del Parque San Martín y de su balneario popular (Playas Serranas); la conexión cercana a Obras Sanitarias de la Nación y sobre todo, el ser propiedad del Estado.

Se destinaron 50 hectáreas de terrenos fiscales, ubicados al oeste del canal Jarillal, sobre calle Boulogne Sur Mer, para la construcción de las casas económicas para obreros y sus dependencias.

El conjunto con capacidad para 3.000 personas fue ideado en lenguaje racionalista (planta compacta, aprovechamiento de suelo), en bloques de 14 casas colectivas con 727 departamentos en total, aunque finalmente se redujo y se construyeron 576 departamentos.

Se incluyó en la propuesta el planteo urbanístico de amplias calles y veredas-jardines que separaban a los pabellones entre sí y que ligaban el tratamiento de la vivienda obrera al urbanismo y por ende a la ciudad.

Se previó, además, la construcción de un pabellón de administración, consultorio médico y casa cuna, para que las madres que trabajaran pudieran dejar los niños pequeños bajo la vigilancia técnica; un local para la instalación de calderas y tanques para el servicio de instalación de calefacción y agua caliente central y el sector de lavaderos comunes.

El equipamiento comunitario se completaba con parques de juego para niños, areneros, gimnasio y pileta de natación, canchas de tenis, fútbol y básquetbol; un salón para fiestas, una iglesia y dos escuelas para 400 alumnos cada una.

Todo terminaba por constituir al conjunto en un verdadero pueblo, en una utopía de unidad autosuficiente. Como núcleo estaba el departamento mínimo.

Los departamentos, independientes, tendrían estructura antisísmica de hormigón armado, mampostería de ladrillo, instalación de calefacción y agua caliente central; lavadero mecánico, luz eléctrica y artefactos eléctricos instalados. Baño y cocina con artefactos y accesorios, obras sanitarias, ventanas y celosías metálicas, puertas de madera terciada, cielos rasos de yeso, pisos de madera y mosaicos, roperos, armarios y bibliotecas embutidos, amueblamiento completo con camas sillas y mesas.

Se proyectaron tres tipos de departamentos mínimos, con dos, tres o cuatro dormitorios, con capacidad de tres a siete camas y con un living, donde podría habilitarse una cama más.

Esto, teniendo en cuenta las estadísticas del Departamento Nacional de Trabajo que estimaban que el término medio de los componentes de las familias obreras era de alrededor de cuatro personas.

Los departamentos se repartieron en edificios de planta baja y dos pisos altos con una superficie cubierta para cada edificio de 3.000 metros cuadrados distribuidos uniformemente en cada uno de los tres pisos.

Cada bloque tendría aproximadamente 52 departamentos. Estos respondieron volumetrías compactas, de las cuales sobresalían sólo los balcones con antepechos de mampostería sobre las fachadas orientadas al este y los núcleos de escalera, de fuerte presencia vertical al oeste.

Los requisitos que debían cumplirse

Condición ineludible era la de ser empleado modesto u obrero del Estado, pensionado o jubilado público. Los interesados con estas características, debían llenar una solicitud de arriendo que sería evaluada por una comisión, la que decidiría la adjudicación de las viviendas priorizando a las familias más numerosas, las de mejores antecedentes, las que se encontraran “peor” alojadas, a los argentinos nativos, las familias de mayor residencia en la provincia y las que poseyeran “muebles más adecuados”.

Se fijaron mediante decreto, los montos de los alquileres de acuerdo a la cantidad de habitaciones de las unidades: $45 el de dos dormitorios, $60 el de tres y $75 el de cuatro; como también las medidas disciplinarias a aplicar por parte de la Administración en los casos del mal uso del equipamiento comunitario, o el deterioro de alguna de las unidades.

Los artículos del Régimen Interno incluían una serie de disposiciones prohibitivas de todo aquello que atentara contra una convivencia comunitaria armoniosa. La Administración, a cargo de la Comisión provincial de casas económicas sería la encargada del control general del predio.

La piedra fundamental del “pueblo” fue colocada por el gobernador Guillermo Cano el 20 de junio de 1937. La inauguración parcial de las obras la realizó Rodolfo Corominas Segura, en un acto oficial junto a una multitud, en febrero de 1938.

La propuesta del conjunto se inspiró en la obra realizada en el exterior de miles de casas colectivas para el alojamiento de grandes masas de obreros, como las Siedlungen alemanas; lo que da cuenta de la actualización acerca de la temática tanto de los técnicos, como de los políticos intervinientes.

De hecho, la operatoria de las Colectivas podría relacionarse, entre tantas, con la llevada adelante por el gobierno catalán con Casa Bloc (1933-1943), gestada y ejecutada prácticamente en sincronía con el conjunto mendocino.

Fuente: Cecilia Raffa. Construir Mendoza: obras y políticas públicas en el territorio, 1932-1943.

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