Desarrollo Social entregó nuevas pensiones a ex presos políticos
En un acto que reivindica la memoria, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos entregó órdenes de pago por pensiones vitalicias a ex presos políticos de la última dictadura militar.
Guillermo Elizalde, ministro de Desarrollo Social y Deerechos Humanos, sostuvo que “esto se da gracias al compromiso y la convicción en las decisiones políticas. Este hecho sería impensado realizarlo años atrás, pero en este gobierno creemos que es un acto de justicia, reparatorio de los derechos para poder seguir construyendo la memoria. Esto tiene que ver con la reparación de la justicia, con la construcción de la memoria, y permite cerrar con un marco de justicia lo que ocurrió en el pasado”.
En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, agregó que además de un derecho, las pensiones “son un reconocimiento al rol que cumplen las víctimas del terrorismo de Estado en el proceso de los juicios por la verdad. Nos parece importante este reconocimiento porque muchos de ellos, debido a su militancia, vieron su proyecto de vida truncado y nos parece que es una forma de saldar una deuda con todos ellos”.
Por su parte, Daniel Tagarelli, referente de DDDHH, destacó los hechos de gobierno que marcan una firme decisión política en derechos humanos. “Mendoza y Buenos Aires son las únicas provincias que firmaron leyes de reparación histórica en nuestro país”, finalizó.
El 24 de marzo de 2012, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez dio a conocer el decreto Nº 514. Éste regula la ley 8395, que instituye una pensión vitalicia para hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 fueron privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
La firma de este decreto fue un hecho político con un alto contenido simbólico y significativo para la vida institucional de nuestra provincia, ya que es un mecanismo de reparación para las víctimas, hombres y mujeres, del terrorismo de Estado, después de casi treinta años de democracia.
Además, a estos militantes les fue difícil llegar hasta esta instancia, por la dificultad que les implicó probar la detención, ya que la mayoría de los casos fueron situaciones ilegítimas y nunca fueron “blanqueados”.
La entrega estuvo presidida por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde; el presidente del bloque de Diputados del PJ, Jorge Tanús; la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini; el diputado Alejandro Viadana; el secretario de Transporte, Diego Martínez Palau; el referente de DDDHH, Daniel Tagarelli y el director de Protección de Derechos, Rubén Cuello.