El Gobierno expuso en el Congreso Mundial de Infancia en San Juan
El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección de Promoción del Derecho a la Alimentación participó con ponencias en el V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se realiza en San Juan.
El equipo de Dinaf expuso un trabajo titulado “Hacia una nueva institucionalidad. Desafíos”. La presentación fue una síntesis sobre el desarrollo de las políticas de infancia en la provincia de Mendoza, a partir de la sanción de la ley nacional 26061, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la exposición se manifestó que la sanción de la ley 26061 obligó a los gobiernos provinciales a adecuar sus prácticas y procedimientos e implementar en sus propias instituciones la doctrina de la protección integral de los derechos del niño. Y que si bien los cambios legislativos logran modificaciones discursivas, a veces los espacios institucionales, con prácticas arraigadas, en particular las instituciones de infancia, son resistentes a los cambios.
El desafío planteado fue modificar prácticas arraigadas, “lo que implica no seguir observando cuántos derechos hemos reconocido, sino cuánto hacemos para lograr su pleno ejercicio por todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, manifestó Marianela Ripa, abogada de Dinaf y expositora.
La ley 26061 llegó a saldar una deuda de muchos años que tenía nuestro país con la infancia. Impuso nuevos roles a los tradicionalmente asignados con la doctrina de la situación irregular y un nuevo procedimiento para el cumplimiento de esos roles. Algunas provincias han avanzado en la modificación legislativa, Mendoza aún tiene que modificar su ley provincial.
Desde la Dinaf también se manifestó que con la implementación de la ley el poder judicial recuperó su función estrictamente técnico- jurídico. Esto significa que interviene allí donde existe un conflicto de naturaliza jurisdiccional.
En Mendoza, la Dirección de Niñez, a través de la Dirección de Protección de Derechos en 2010 inició un proceso de territorialización, que facilitó la toma de medidas de protección y acercó la intervención profesional al centro de vida de los niños y niñas. El resultado fue la disminución en la cantidad de chicos albergados en hogares.
En tanto que la Dirección de Restitución de Derechos redireccionó el recurso previsto para el pago del programa “familias cuidadoras” hacia un nuevo programa “Apoyo Familiar” que brinda una ayuda económica directa al momento del reintegro a los adultos responsables del centro de vida de los niños, niñas y adolescentes. Esto se hace cuando existen derechos vulnerados en el ámbito familiar y cuya vulneración podría resolverse con este tipo de aporte.
Otras de las implementaciones posteriores a la sanción de la 26061 que se realizaron en nuestra provincia, fue la creación de la Defensoría General de Derechos, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales evitar la vulneración de derechos desde las instituciones públicas.
Además, en el Congreso se presentó una ponencia de la Dirección de Promoción del Derecho a la Alimentación sobre el Programa Comer juntos en Familia que promueve la comensalidad en los hogares y propone terminar con los comedores comunitarios.
Esta mirada busca revalorizar el entorno familiar como escenario de transmisión de cultura y de aprendizaje, optimizar la utilización de alimentos y mejorar el estado nutricional de las personas a través de la modificación de hábitos, creencias, conductas, patrones alimentarios y de consumo, para analizar estrategias y alternativas y eliminar efectos de la mala alimentación – nutrición.