El Gobierno fortalecerá el sistema que protege a niñas, niños y adolescentes
El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin dio a conocer un decreto por el cual se revisarán, en un período de 90 días, los procedimientos de actuación conjunta del Sistema de Protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Para ello, se exceptuará a la DINAF de las normas dispuestas por el Ejecutivo en cuanto al control y restricción de gastos para la compra de bienes de capital y contrataciones. De manera tal que se dotará al organismo mencionado de mecanismos financieros ágiles para la aplicación en todo este trabajo de fortalecimiento del sistema de protección.
Esto se realiza considerando el principio de efectividad por el cual se establece el cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 32 de la ley Nacional 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La idea es que se ejecute rápidamente y en forma participativa se puedan realizar modificaciones de estructura, diseño y formalización de procedimientos y normativa, dotación de recursos humanos y material para fortalecer el Sistema. Es por eso que se instruirá a todas las Áreas del Ejecutivo a involucrarse responsablemente en la temática.
Además, diseñarán y acordarán nuevos organigramas, protocolos y manuales de procedimientos de manera participativa y eficaz.
De ser necesario, se afectará personal de otras áreas del Gobierno para facilitar y asegurar estas acciones y se armará una Agenda por el Pacto Provincial por la Infancia para lograr un acuerdo con todos los actores corresponsables. La formalización y firma del Pacto por la Niñez se llevará a cabo la primera semana de febrero.
Hoy se conformará un Equipo Ad Hoc intersectorial para coordinar acciones y realizar un seguimiento del decreto. Esta será la primera actividad de la Agenda, en tanto que luego se realizarán encuentros con organizaciones sociales; sindicales; legisladores; con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia; referentes de los Órganos Administrativos Locales; autoridades nacionales; autoridades de la Corte Suprema; con intendentes y autoridades municipales; organizaciones religiosas y espacios académicos.