Estado de las rutas y el tiempo en Mendoza

El trabajo legal fue el tema de la Primera Jornada de Política Agraria


El director de Agricultura Familiar de la Provincia, Cristian Correa, expuso sobre cultura y trabajo agrario. Señaló que hay que favorecer la organización económica de las familias campesinas, porque llegan a la autoexplotación para obtener la rentabilidad que necesitan para vivir y vincularse socialmente.

Puntualizó, además, que en el país coexisten dos modelos económicos agrarios, uno hegemónico, de concentración de la riqueza para la exportación, y otro familiar -o de unidades mínimas- con una estrategia de supervivencia y una cultura de trabajo, que necesitan para su desarrollo de políticas gubernamentales.

Correa indicó la importancia de aplicar la resolución 11/ 11 del Ministerio de Trabajo para presionar y controlar a los propietarios para que registren el trabajo agrario, mayormente en negro, y las condiciones de labor de los trabajadores rurales.

Asimismo el funcionario subrayó que deben darse condiciones para la microeconomía agraria, como el mejoramiento de precios para el productor, la provisión de servicios, el agregado de valor a la producción, generar una escala económica, y avanzar en la cadena de comercialización por su menor participación en la renta y mayor riesgo.

En cuanto a las políticas sociales de ayuda a los agricultores familiares y obreros rurales, Correa mencionó el programa “Buena Cosecha” -con veinte centros educativos para niños en siete departamentos del Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco- a fin de combatir la explotación infantil; el programa de sostenimiento del empleo con 9.000 beneficiarios, la asignación universal por hijo y las capacitaciones del Programa Más y Mejor Trabajo.

“La Dirección de Agricultura Familiar promueve esta actividad como una forma de vida y cultura, particularmente vinculada en Mendoza al trabajo para producir bajo riego, con el objetivo de la reproducción social de la familia campesina en condiciones dignas” explicó el funcionario.

De la Jornada también participó Ricardo Nacif, delegado de la Subsecretaría de Trabajo en Tunuyán, y el secretario general del Sindicato de Contratistas de Viña y Frutales, Rubén Cepeda.

Los dos panelistas informaron sobre la actividad del gobierno actual en la detección y sanción del trabajo infantil -vinculado también al delito de trata de personas- y la urgente necesidad de aprobar una ley estatuto del peón rural.

Previamente, se formó una mesa de exposición sobre políticas y modelos agrarios, en la que fue anfitriona la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNC, Graciela Cousinet, y de la que participaron, entre otros, el subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Guillermo Martini, y el de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Alvaro Ruiz.

Martini declaró la necesidad de políticas agrarias alternativas a la del sector concentrado (Sociedad Rural) que organizó la oposición a la resolución 125 de aumento de las retenciones a las exportaciones. Indicó, en ese sentido, “la necesidad de una democratización de la producción y la comercialización”.

Entre otras condiciones, citó la posibilidad de crédito a los pequeños y medianos productores excluídos del sistema financiero desde la dictadura y el agregado de valor y de empleo en origen

Por su parte el funcionario de Trabajo hizo hincapié en la necesidad de un régimen legal de trabajo agrario, con el antecedente que significó para los tratabajdores rurales el estatuto del peón de 1944 y la ley de contrato de trabajo de 1974. Advirtió que actualmente no están contemplados en esta ley, la gran mayoría de trabajadores del sector, temporarios (85% de trabajo no registrado).

Recalcó la falta de un instrumento legal que norme las contrataciones en el campo, y que al renovar puedan adquirir la calidad de trabajador permanente, con el desafío de lograr una situación de empleo decente.

En encuentro estuvo organizado por la Universidad de Cuyo, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la organización Canpo. Participaron funcionarios nacionales, académicos, productores, trabajadores rurales y estudiantes.