Megajuicio: El Gobierno ofició como querellante en la causa de los exagentes Lorenzo Constantino y González Camargo

En una nueva etapa de declaración e indagatoria a los acusados por los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, fue el turno de los exoficiales José Antonio Lorenzo Constantino y Héctor Rubén González Camargo. Ambos, acusados como coautores de hechos de privación abusiva de la libertad, tormento agravado y asociación ilícita.

El primero en declarar fue el exintegrante de la Policía de Mendoza en la comisaría 7º de Godoy Cruz, Lorenzo Constantino, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario San Felipe junto a otros acusados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex juez Olitio Romano. El exoficial está acusado por tres casos como coautor de hechos de privación abusiva de la libertad, tormento agravado y asociación ilícita.

En esos expedientes se investiga el cautiverio de víctimas de la represión ilegal en los centros clandestinos de detención dependiente de la Policía de Mendoza, como las Comisaría 7º y 25º; y el Departamento de Informaciones D2.

Al comenzar la declaración, Lorenzo reseñó sobre aspectos de su vida que lo llevaron a incorporarse a la Policía de Mendoza, tras pasar por el Colegio de Cadetes. Según lo relatado por el acusado ingresó a los 18 años a la Policía y sus funciones en la Comisaría 7º eran de limpieza, guarda de detenidos y atención al público.

Tres extensas horas tomó la declaración e indagatoria a Lorenzo Constantino. Su declaración se respaldó en la falta de experiencia en la carrera policial y falta de jerarquía. De la misma manera negó rotundamente la existencia de un centro clandestino de detención en la Comisaría 7º al decir: “La Seccional 7º siempre fue administrativa (…) niego el centro de tortura, haber golpeado”.

Sobre la acusación de asociación ilícita, negó rotundamente haber conocido a algún alto cargo jerárquico e hizo hincapié en su corta edad y falta de experiencia, motivos por lo cuales no podría acceder a “ningún círculo de confianza del grupo de la Policía, ejército o paramilitares”.

Con respecto a las declaraciones indagatorias realizadas por las víctimas de torturas y apremios ilegales que lo implican directamente respondió en su defensa: “la guardia entregaba a los detenidos a los militares, esa era mi función, no la podía aludir. Yo no los he tocado, no los he torturado.” Si bien reconoció haber asistido a uno de los detenidos, que le informó haber sufrido torturas, el acusado insistió: “Yo no escuché gritos, pero no niego que haya sucedido” .

El acusado Héctor Rubén González Camargo, ex miembro de la Dirección de Información Policial, prestó una breve exposición de su desempeño dentro de esa dirección, en donde desarrollaba actividades para la Sección Reunión. Esta consistía en la recolección de información sobre manifestaciones o hechos delictivos, como parte del trabajo “del grupo calle”. Sobre esto dijo: “Levantábamos panfletos y avisábamos al comando sobre los movimientos de las movilizaciones”, y entre otras actividades agregó que: “sacábamos información en los gremios”.

Además de los delitos de coautoría por hechos de privación abusiva de la libertad, tormento agravado y asociación ilícita, el exagente fue reconocido por una de las víctimas detenidas en el D2 como uno de sus violadores, sobre lo cual declaró: “Jamás toqué a una mujer a la fuerza; pienso que se puede haber equivocado de persona”.

Indagado sobre el D2, la mayor parte de sus respuestas decantó por la negativa y el desconocimiento con respecto a las tareas que se desarrollaban al interior del mencionado centro clandestino de detención. Si bien sus funciones dependían de la Dirección de Informaciones reconoció: “se trabajaba contra la subversión pero ignoro qué hacían”.

En la jornada, la Subsecretaría de Justicia en representación del Gobierno de la Provincia de Mendoza ofició como querellante en las causas en donde se investiga crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado. Consultada al respecto, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, expresó: “Esto tiene que ver con la reparación histórica, el paso de un Estado terrorista, un estado que secuestró, que torturó, que asesinó, que desapareció a miles de ciudadanos argentinos es hoy un Estado que se compromete con la investigación y con la reparación histórica de estos hechos”.

Además destacó: “En este juicio tiene la particularidad de tener en el banquillo de los acusados a quienes formaron parte del Poder  Judicial Federal en Mendoza durante los años de la dictadura. Durante muchos años más porque de hecho siguieron funcionando como  magistrados de la provincia y en esa calidad obstaculizando durante años este proceso, y ese es una particularidad porque es un concepto revolucionario, una Justicia Penal que siempre carga toda su fuerza contra los sectores más débiles de la sociedad, en esta oportunidad está juzgando a quienes ostentaron en algún momento toda la suma del poder en nuestra provincia y eso es de una valor innegable para la  buena administración de Justicia en la provincia”.