Megajuicio: “La ilegalidad del contexto impedía cualquier procesamiento”
En la audiencia 62 del IV Juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó hoy en el primer piso de Tribunales Federales de Mendoza declararon tres testigos: Virgilio Alberto Ponce; Ana María Florencia Aramburo y Alberto Moral González.
El testimonio de Virgilio Alberto Ponce brindó detalles sobre los hechos ocurridos en abril de 1977 vinculados a la desaparición de su primo Jorge Pérez y la compañera de éste, Gloria Fonseca.
Ponce quien compartió crianza con Pérez en el departamento de General Alvear y hasta su adolescencia, reconstruyó episodios dramáticos padecidos por la familia de su primo en el año 1976, ya instaurado el golpe cívico militar. Persecución política, ideológica y laboral fueron dardos constantes contra la familia Pérez por lo cual debieron mudarse en 1977 a la ciudad de Mendoza. En una nueva vivienda, ubicada en la Barrio Tamarindos, fueron víctimas de un violento allanamiento realizado por militares pertenecientes a la Fuerza Aérea. “Fue un saqueo realmente, y con total impunidad porque estábamos indefensos”, expresó Ponce.
Interrogado por los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Virgilio Ponce brindó información sobre la militancia y pensamiento político de la familia Pérez tras lo cual dijo: “Me tocó presenciar la destrucción de una familia tras la muerte de uno de sus hijos”. Sobre Gloria Fonseca declaró que “sospecha que se la llevaron con Jorge”.
El segundo testimonio de la jornada fue brindado por Ana María Florencia Aramburo, quien contextualizó su relato relatando diferentes episodios anteriores a su detención. La testigo expresó que para el año 1974 colaboró con los exiliados políticos tras el golpe militar al gobierno de Allende y en febrero de 1975 fue testigo de un allanamiento sufrido en la vivienda de un artista chileno. Tras este hecho comenzó a recibir amenazas anónimas por lo cual debió mudarse a Buenos Aires donde tuvo a su primera hija, y al tiempo retornó a Mendoza.
En marzo de 1979 fue detenida en plena vía pública por cuatro personas de civil, cuando caminaba con su suegra – Silvia Recchia de Defant- por la Ciudad, y trasladada a la Policía Federal. “Al llegar me desvistieron y tiraron al suelo, y como la picana eléctrica no funcionaba, me golpeaban”, expresó Aramburo al referirse a los violentos interrogatorios que sufrió en aquel centro clandestino de detención. De allí fue trasladada a uno de los calabozos del D2 donde nuevamente padeció la tortura en los interrogatorios. “Me obligaron a desvestirme y me decían que me quedara tranquila, que no me iban a violar, sólo me iban a torturar”, declaró la testigo en un minucioso y profundo relato; Agregó que “las secuelas son psíquicas, psicológicas; moralmente uno queda mal”, y recordó la presencia de un médico en la sala de tortura.
Aramburo fue trasladada a la Penitenciaría Provincial y a Devoto, junto a otras siete presas políticas; en junio reingresó a la Penitenciaría y recordó que era trasladada al D2 para ser interrogada sobre su militancia política. El 7 de septiembre, el Consejo de Guerra resolvió condenarla a 8 años de prisión y la obligó a firmar una declaración falsa. Al abrirse su causa Federal, la testigo expresó que el exjuez Max Petra Recabarren ofició como abogado defensor y fue él quien le aconsejó abstenerse a declarar. “La ilegalidad del contexto impedía cualquier procesamiento”, expresó la testigo quien recuperó la libertad tras quedar absuelta el 24 de marzo de 1982, desde Devoto.
La tercera declaración fue la de Alberto Moral González citado como testigo de la causa que investiga el asesinato de su hermana Ana María Moral.
Ana María Moral, era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. “En el año 76, las persecuciones eran tan duras que Ana decidió viajar a San Juan”, expresó el testigo. En aquella provincia, fue detenida junto a Gisela Tenenbaum (actualmente desaparecida) donde fueron testigos de la muerte de modelo francoargentina Marie Anne Erize. “Ana María identificó a los asesinos como el negro y el bigotudo”, expresó el testigo en referencia a los represores, entre ellos Jorge Antonio Olivera (fugado tras ser condenado en San Juan). Tras esto, Ana María y Gisela retornaron a Mendoza.
El 5 de abril de abril de 1977, Ana María fue fusilada en la escalinata de la Iglesia de Fátima en medio de un fuego cruzado desatado tras un operativo realizado por un grupo comando organizado. Por vecinos, la familia Moral González pudo reconstruir este episodio. Según el testigo, “este desenlace generó un suplicio para mis padres que eran ciudadanos comunes”.
Los restos de Ana María Moral fueron hallados en el Cuadro 33 por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.
Después de escuchar los testimonios, el Tribunal Oral Federal solicitó un cuarto intermedio hasta mañana martes 24 de febrero, a las 9.30 en el primer piso de Tribunales Federales.