Megajuicio: tratarán el pedido de prisión domiciliaria solicitado por Romano


En Tribunales Federales se llevó a cabo la audiencia Nº38 del IV Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Una audiencia que antecede al tratamiento sobre el pedido de prisión domiciliaria solicitada por el ex juez Otilio Roque Romano. El Tribunal Oral Federal Nº1,  presidido por  Alejandro Piña, se expedirá mañana luego de las declaraciones del médico forense Casavilla ; el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana y el doctor Fabricio Imparado.

En la jornada de hoy, prestaron declaración las víctimas de delitos de lesa humanidad Carlos Roca; María Teresa Carrer; Alberto Scafatti y Raúl Acquaviva.

El primer testimonio fue brindado por Carlos Alberto Roca por teleconferencia desde Río Grande. Su declaración versó sobre la época de su detención y sobre los diferentes lugares de detención en los que estuvo en cautiverio, en particular el D2 y la Penitenciaría Provincial. De esta manera, relató cómo llegó a presentarse por sus propios medios al D2, por recomendación de un familiar (retirado de las fuerzas militares) tras un allanamiento ocurrido en su vivienda la medianoche del 15 de mayo de 1976. Para entonces, Carlos Roca militaba en el Frente Antiimperialista por el Socialismo y posteriormente en una agrupación socialista.

Al llegar al D2, inmediatamente fue vendado, atado, y seguidamente torturado durante los posteriores tres días, interrogado por sus compañeros de militancia. Pasó allí unos quince días donde coincidió con su primo, Raúl Acquaviva, Eugenio Paris y Nicolás Zárate. También refirió sobre la presencia de mujeres detenidas, entre ellas una embarazada. “Incluso había una persona que gritaba toda la noche por el dolor, y una noche no gritó más, lo sacaron aparentemente fallecido”, agregó Roca sin identificar el caso.

Durante el tiempo en el que permaneció detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra junto a otros compañeros. “El Tribunal era una puesta en escena; estaban armados al mejor estilo nazi”, recordó Roca y agregó que fue condenado 25 años de prisión.

Tras recibir esta condena fue llevado a la Penitenciaría de Mendoza, donde permaneció una semana. En este período hizo mención a una noche de julio de 1976 donde fueran particularmente maltratados por personal penitenciario encabezado por el Sargento Torres (episodio contextualizado la noche en la que dieran muerte a Mario Roberto Santucho, máximo dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores).

Luego de una semana fue trasladado a la cárcel de La Plata. El testigo recordó que para entonces, un grupo de abogados (nucleados en el CELS) intercedía por los presos políticos. Roca, recuperó la libertad los primeros días de diciembre en 1983 desde la cárcel de Rawson y cerró su declaración al decir: “Hago lo que 30.000 compañeros desaparecidos no pudieron hacer hoy”.

Tras el testimonio de Roca, prestó declaración la abogada María Teresa Carrer. Fue decana en la Facultad de Antropología Escolar hasta 1975.

Fue detenida a mediados de mayo de 1976, cuando cursaba su sexto mes de embarazo. Carrer, relató que sin conocer los motivos de su detención fue trasladada D2 por dos oficiales. En este centro clandestino le quitaron sus documentos (que nunca recuperó) y fue alojada en una celda individual.

Durante su cautiverio en el D2, Carrer dio referencias sobre la presencia de un médico que la auscultó  y sobre el comandante de Gendarmería, Segovia (interventor de ATE), que se anunció ante Carrer por pedido de familiares suyos. Esta persona le dijo que se cuidara, y se retiró, sin hacerle preguntas. Tras esto, a los tres días fue llevada a una celda más grande junto a otra presa política. “Tenía muchos calambres, me sentía muy mal, pedí por favor una silla y me dijeron que era imposible porque podía lastimarme y echarle la culpa a ellos”, expresó Carrer, al tiempo que describió en el lugar a “mucha gente muy golpeada”.

El tiempo de detención de Carrer coincidió con el de Eduardo Bauzá, Rafael Fornés y  Mario Franco.

Indagada por los abogados de la Querella, la testigo expresó: “Tengo totalmente borrado cómo salí de allí”, y agregó que tras salir del D2, recibió una llamada del Ministerio de Salud y fue citada en el Comando donde fue entrevistada por Enrique Gómez Saá, apartado del actual procesamiento.

Por las circunstancias relatadas, Carrer nunca tuvo causa judicial y la desconfianza de la época le valió para afirmar que “nunca hubiese hecho una denuncia en la policía y el Poder Judicial tampoco ofrecía muchas garantías”.

El tercer testimonio de la jornada fue brindado por el médico Alberto José Guillermo Scafatti detenido el 14 de abril de 1976, en su lugar de trabajo, una oficina pública ubicada en un Frigorífico. Scafatti, además realizaba labores sociales en el Barrio Santa Elvira junto al Padre Contreras, y además asistía a reuniones del Peronismo de base.

Según relató el testigo, dos oficiales llegaron a su oficina con fotografías de personas y tras ser interrogado sobre el vínculo con ellas, fue trasladado al D2 donde permaneció durante treinta y siete días.  Al llegar  allí pudo identificar a otros presos políticos entre ellos a Alicia Peña, a quien observó con visibles signos de maltrato; Luis Ocaña; Francisco Robledo, junto al grupo de detenidos pertenecientes al Banco de Previsión Social.

Scafatti, relató la dureza del régimen hacia el interior del D2 en diferentes episodios de maltrato y tortura sufrida tanto por él como por los detenidos y detenidas. Además pudo identificar personal médico que prestaba funciones en aquel lugar.

El 25 de mayo fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, donde se repitieron los episodios de violencia, con especial mención a la histórica requisa realizada en la asunción de Naman García. Los apellidos de los acusados Bonafede, Bianchi y Linares fueron destacados por el testigo, entre el personal policial.

Al continuar con el relato, el testigo declaró que fue llevado en uno de los masivos traslados realizados en un Hércules. Le siguió a esto un detalle minucioso sobre las vejaciones, golpizas y maltratos padecidos durante el traslado y cautiverio en la Unidad 9 La Plata.

En junio de 1977 recuperó la libertad, fue sobreseído y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se le aplicó un decreto de seguridad del Estado que le impidió trabajar en lugares públicos. “Treinta años después, creo que la utopía en la que creíamos no era tan utopía, porque cuando nos tocó estar prisioneros, nos trataron con alevosía, y hoy ellos reciben el trato que debíamos haber recibido. El Hombre nuevo, de alguna manera, está llegando. Dejo este testimonio para que mis hijos y mis nietos puedan creer en la solidaridad y en la Justicia”, finalizó.

El cuarto y último testimonio de la jornada fue brindado por Raúl Acquaviva. El testigo comenzó su relato desde el día de su detención, el 14 mayo de 1976, la misma noche del operativo relatado por los testigos Carlos Roca y Eugenio Paris. Para entonces Acquaviva era militante de la Juventud Guevarista.

En su trasladado al D2, reconoció la participación del ex agente policial Juan Oyarzabal. En ese centro clandestino de detención permaneció quince días donde sufrió interrogatorios y torturas, realizados por una persona con voz porteña, identificada incluso por otros testigos. Bajo picana eléctrica, vejaciones y amenazas era interrogado sobre su vínculo con otros de sus compañeros. Además, el testigo mencionó detalles sobre el caso de Miguel Ángel Gil, asesinado en el D2.

Sobre las condiciones de detención, el testigo relató sobre las condiciones humanas, calificadas como deplorables. Entre los episodios relatados, recordó a un ex oficial que se hacía llamar “el caballo loco”, y aseguró que en una oportunidad se presentó en el lugar el ex juez, Luis Miret.

El 7 de julio fue trasladado a la Penitenciaría Provincial. Sobre los días de cautiverio aludió sobre la requisa del 24 de julio y aportó datos sobre el caso Rabanal. Además hizo referencia sobre el caso de Marcos Ibáñez, asesinado.

Acquaviva estuvo detenido durante siete años, doce meses y siete días. Pasó por el Pabellón I de La Plata conocido como “el Pabellón de la muerte”; luego por Sierra Chica y Rawson donde finalmente recupera su libertad el 2 de diciembre de 1983.

Al finalizar el cuarto testimonio,se informó que las audiencias testimoniales continuarán el próximo lunes 15 y  martes 16 de septiembre. Mañana, a las 9.30, se tratará el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el ex juez Otilio Romano.