Movilización y paro: ATE no se presentó a la reunión
Ante los anuncios de ATE sobre el paro y movilización que realizarán el próximo jueves, el Gobierno de Mendoza buscó una reunión para conocer los alcances de la medida para poder comunicar a la población cómo se prestarán los servicios durante la jornada del 11 de agosto.
La audiencia estaba programada para hoy a las 10 de la mañana y se esperó la llegada de los representantes gremiales casi una hora, pero no asistieron. Ante esta situación, desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que se realizará el esfuerzo necesario para garantizar el bienestar ciudadano pese “a la falta de comunicación del gremio”.
Con esta audiencia se buscaba tener conocimiento de la exactitud de la medida y su alcance para que, como Estado, se pudieran garantizar los servicios a la población como garante de la salud, la seguridad, la educación, transporte y demás servicios.
“Ante la incomparecencia de la parte sindical, debidamente notificada, nos vemos en la imposibilidad de determinar un servicio óptimo para la sociedad, por lo que en virtud de no cumplirse con el procedimiento establecido por resolución 129/16 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, hacemos reserva de realizar las acciones legales que la norma autoriza”, advirtieron desde el Ministerio de Gobierno.
La medida de fuerza que tomará ATE fue notificada por Mihael Zagorac, secretario gremial. El documento informa sobre la huelga y aclara que funcionarán guardias como los feriados. Fue ante tan escasa información y teniendo en cuenta la contradicción de sus expresiones en los medios masivos, donde no se deja en claro si es huelga, paro, movilización o asamblea, el Gobierno provincial pidió a la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Alejandro Jofré, que se convoque a la audiencia. Los representantes gremiales no comparecieron y dejaron desinformado al Estado y por ende a la población mendocina.
El Gobierno de la Provincia ratifica que es derecho del trabajador reclamar por lo que considera justo, pero a la vez es obligación del Estado garantizar la prestación de los servicios, por lo que resulta esencial y “de toda buena fe” conocer el alcance de cualquier medida de acción directa que afecte los servicios.