Regantes y productores piden ser atendidos por ministros de la Corte
Esta mañana, en Costa de Araujo, autoridades del Departamento General de Irrigación, productores, regantes y trabajadores se reunieron para consensuar los pasos a seguir a partir del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia y que implicaría la paralización de las obras que el DGI está llevando a cabo en la 5° zona de riego. De proceder la medida, las pérdidas productivas rondarían los 900 millones de pesos.
Tras la reunión los regantes de Lavalle decidieron pedir una audiencia a la Corte para explicarle los perjuicios a los que quedarán sometidos. Asimismo, solicitaron a los legisladores Juan Carlos Jaliff, Armando Camerucci, Gerardo Del Río, Victor Hugo Scattareggia, Nestor Parés, y al presidente de la UCR , Sergio Pinto, que revean la petición hecha a la Justicia. “Esto va a generar demoras y desocupación. Creo que debemos reflexionar rápidamente y que vuelva a su causa natural”, manifestó el titular de Irrigación, José Luis Alvarez.
Con gran preocupación, el responsable de la administración del agua de Mendoza , señaló que “la interrupción de algunas obras de la DGI en este momento puede producir un considerable perjuicio puesto que para realizarlas debemos aprovechar el momento de la corta de agua anual”. Alvarez explicó que para la ejecución de las obras previstas se han desdibujado cauces para construirlos nuevamente y se trabaja contrarreloj para que, cuando vuelva el agua, estos canales estén terminados y puedan conducirla como corresponde.
El funcionario señaló además que la situación actual acarreará consecuencias a largo plazo: “Se imaginan lo que es tener que decirle a un organismo internacional que no podemos recibir el dinero porque tenemos un problema interno en la Provincia. Esto es gravísimo. Es un desprestigio para Mendoza, y lo tenemos que corregir rápidamente”, dijo.
Algunos de los regantes presentes, como Magil Mayol, productor de Gustavo André, sostuvo que “nos sentimos muy afectados por esta resolución que han planteado, a partir de la cual van a quedar miles de hectáreas sin regarse. Están los canales rotos, los canales nuevos todavía no se hacen y si ahora no nos entregan el dinero que hace falta, no se van a poder regar por lo menos 18 mil hectáreas. Creo que debemos hablar con la gente que ha presentado el problema en la Suprema Corte, convencerlos de que se han equivocado, que es un error grande el que han cometido y mostrarles fotos. Que vengan y vean cómo están los canales; necesitamos el agua dentro de 30 días en los viñedos”.
Por su parte, Javier Disilvestre, inspector de Nueva California, 5° zona de riego, sostuvo: “la mayor parte de los cauces está desarmada y esta medida afectaría a toda la zona. No hablamos de pocos millones en pérdidas, hablamos de muchos porque esta zona es altamente productiva y sino podemos regar porque está todo desarmado, la dimensión del daño es enorme. Esta gente de la Corte no debe saber qué medida está tomando. Todas las empresas que ya están trabajando, van a ir en contra de la provincia y otra vez vamos a terminar pagando por obras que no se hacen”, manifestó.
En tanto, la regante y productora Ana Vaieretti, aseguró que “estas medidas nos perjudican demasiado, me preocupa de sobremanera. Para Mendoza el agua es todo. Sin agua no puede subsistir la producción. Yo vivo acá en Costa de Araujo, y como todo pueblo nuestra mayor actividad es la agraria. Si se paran estas importantes obras, se cae no sólo la actividad primaria, sino las actividades comerciales, de servicio. Esperemos se revierta esta resolución”, finalizó.
Las notas firmadas pueden verse en https://www.agua.gob.ar/dgi/sites/default/files/notas_regantes.pdf
Obras afectadas
El fallo de la Corte que impide a la Provincia tomar deuda afecta la realización de las obras de Modernización de la Red Terciaria del tramo inferior del Río Mendoza, en la 5° zona de riego, Lavalle que comenzaron a principios de este año y en la actualidad presentan un avance del 15 al 20 por ciento. En total, son 86 kilómetros del cauce que se verán modernizados para que las pérdidas de agua que actualmente sufren los antiguos canales, se vean disminuidas casi en totalidad. El monto total contratado es de 312 millones de pesos que se financian con aportes en un 70% del BID (Banco Interamericano Mundial de Desarrollo-PROSAP) y 30% de la provincia de Mendoza. El 60% del monto total lo devuelven los regantes a 20 años.
Generalmente la suspensión de una obra genera dificultades y costos, pero en este caso en particular, las implicancias serían graves y mayores a las de una obra tipo. En términos generales el DGI tendría que dejar sin riego 18 mil hectáreas, lo que perjudicaría a más de 1.000 productores, 500 contratistas de viña, 1.500 obreros rurales y se afectarán de forma directa más de 500 puestos de trabajo relacionados directamente con las obras.