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Mendoza constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes, <\/span>organismo que actuará en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar un informe sobre este tipo de prácticas.<\/p>\n En el acto participaron autoridades nacionales que reconocieron que Mendoza cumple con las leyes y en este caso, al conformar el Comité, es una de las 4 provincias, junto a Chaco, Río Negro y Salta que pondrán en marcha al Consejo Federal de Procurador Penitenciario.<\/span><\/p>\n Conforman el comité la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael: Patricia Herrera y Guillermo Rubio; por Casa por la Memoria y Biblioteca Popular: Gertel Anahí Godoy y Eugenio París; por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos: María Laura Farfán y Lucas Gómez; por Fundación Derecho y Cultura: Héctor Chávez , Oscar Lecour y Oscar Guidone y como miembros coadyuvantes: Adrina Recchia, Ana Sosino y Fernando Rule. <\/span><\/p>\n La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda y el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Fabricio Imparato, integraron la mesa junto al subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González; al coordinador del área de Encierro de la Procuración de Violencia Institucional de la Nación, Roberto Cipriano; el coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, Nicolás Laino y la subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Romina Cucchi.<\/span><\/p>\n Los panelistas expusieron sobre la importancia de la conformación de este Comité porque es la “mirada de la sociedad dentro de los penales, las comisarías, hospitales psiquiátricos y de responsabilidad penal juvenil”. Asimismo coincidieron que “la lucha contra la tortura es grave en todos los lugares de encierro de la Argentina y que hay que reconocerlo para combatirlo”.<\/span><\/p>\n También se refirieron “al hacinamiento en los complejos de San Felipe y Boulogne Sur Mer que se presenta como acumulación de personas y que calculan que el 70% son detenciones preventivas y que la justicia no actúa con rapidez, al contrario, los jueces no recorren los lugares de detención. Los internos están tirados como animales en catacumbas”.<\/p>\n Hablaron de la violencia institucional que es una “práctica cotidiana, la falta de recursos económicos y la inactividad de los jueces que ni visitan los lugares de detención”. Coincidieron que “falta el compromiso judicial que se hace el distraído y no condena la violencia institucional o de gatillo fácil”.<\/span><\/p>\n Romina Ronda por su parte, señaló a Mendoza como una provincia destacada, la primera que juzga a jueces que participaron en la dictadura. También calificó muy positivos los avances del país en justicia e inclusión y analizó los tres puntos fundamentales que se llevaron a cabo en Mendoza: la formación del recurso humano, la Defensoría del Personal Penitenciario y ahora este Comité contra la tortura.<\/p>\n La subsecretaria dijo que “se capacita al personal penitenciario, se realizan cursos de ascensos y se fortalece el Instituto de Formación Penitenciaria con convenios con la Universidad Nacional de Cuyo. La Defensoría del Personal Penitenciario canaliza los reclamos y denuncias de un conjunto de agentes de seguridad que no puede agremiarse y la constitución de este Comité es fundamental ante un crecimiento de la población carcelaria en un 20% en un año”.<\/span><\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Mendoza constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes, organismo que actuará en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar un informe sobre este tipo de prácticas. 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