En la sala debate del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1, se desarrolló hoy la audiencia Nº 95 del IV Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia, en la última dictadura cívico militar.<\/p>\n
Ante la ampliación de las acusaciones contra los imputados, solicitado por el Ministerio Público Fiscal, los exoficiales de la Policía de Mendoza, Marcelo Rolando Moroy y Juan Carlos Ponce, declararon ante el Tribunal precedido por Alejandro Piña.<\/p>\n
El primero fue Moroy, quien detalló sobre su desempeño en diferentes dependencias policiales para el año 1974, entre ellas la Dirección de Informaciones, Archivo, Teletipo, Reuniones y finalmente en Custodias.<\/p>\n
“No entré a la policía para torturar a los presos”, expresó el imputado y agregó que en el ejercicio de sus funciones pudo “haber trasladado a personas detenidas o acercarles ropa”. En relación a los hechos por los cuales se los juzga afirmó: “mi legajo está limpio, como mi conciencia”.<\/p>\n
El acusado refirió en su testimonio a diferencias entre las autoridades policiales en el trato hacia los subalternos. En este sentido, sobre Sánchez Camargo (exoficial del D2, fallecido) dijo: “era muy personalista y violento en algunos casos, con un vocabulario que no daba para dialogar”. En cambio, sobre Juan Agustín Oyarzabal, expresó: “era un poco más humano, más respetuoso en el trato”.<\/p>\n
Con respecto a las tareas propias de su actividad se desligó responsabilidades al expresar que la policía de entonces “era una fuerza secundaria sujeta a la directiva del Ejército”.<\/p>\n
Seguidamente, declaró Juan Carlos Ponce, exoficial de la Policía de Mendoza que solicitó dar su testimonio sin la presencia de los demás imputados.<\/p>\n
En una extensa declaración Ponce centró su testimonio dando detalles en su defensa por los hechos vinculados a la desaparición de Juan Manuel Montencino, el 9 de junio de 1976.<\/b> “No voy a negar que todo lo que ha pasado es cierto, pero nosotros no hemos tenido participación; yo me enteré de toda esa situación estando ahora detenido”, dijo.<\/p>\n
La exposición de Ponce duró cerca de dos horas. Precedió su relato expresándose sobre las condiciones de detención, sobre lo cual dijo: “yo me encuentro detenido por el solo hecho de haber sido policía en esa oportunidad, porque no hubo ninguna participación en esos procedimientos”. Y aseveró: “veo que hay mucha similitud en este procedimiento, como lo tuvieron los grupos de tareas”.<\/p>\n
Ponce relató el itinerario realizado aquel día en el que debió estar a cargo transitoriamente de la Comisaría 16. Según el imputado, en los libros de novedades “no había constancia sobre la participación de personal de la comisaría en operativos del ejército”. Sobre el episodio en particular valoró el horario en que figuran algunos de los registros realizados y expresó: “seguramente al llegar, los militares le pueden haber dicho a los oficiales que no tenían nada que hacer allí”. Además el acusado señaló que para entonces, las condiciones edilicias y los recursos materiales de la Comisaría 16 – entonces bajo la órbita de la Fuerza Aérea- eran escasos, pero aún así “era la que más trabajaba”.<\/p>\n
En sintonía con lo dicho por Moroy, Ponce expresó: “estábamos operativamente a las órdenes del Ejército pero nunca nos convocaron a ningún operativo”. Y agregó: “en ningún momento recibimos detenidos desde ninguna dependencia militar… no teníamos capacidad física para tener gente detenida”.<\/p>\n
De la misma manera se refirió a Sánchez Camargo como “alguien de mal carácter, que maltrataba al personal”. Afirmó que Sánchez Camargo tenía archivos con información sobre el grupo familiar y vivienda de cada oficial. “Yo vi mi carpeta por intermedio del oficial fallecido, Gregorio Palacios”. Tras esto, expresó: “nosotros le temíamos más a ellos que a los subversivos”.<\/p>\n
En su declaratoria Ponce insistió en asegurar que “su mentalidad estaba dirigida al trabajo policial” y que “no tenía idea de la gravedad de lo que estaba pasando”.<\/p>\n
Más testimonios de la querella y la defensa<\/strong><\/p>\n Durante la jornada, también brindaron testimonio Beatriz Alicia Frites – ofrecida como testigo en la defensa del exoficial Rubén González Camargo- y Teresa Fátima Llorens – ofrecida como testigo por parte de la Fiscalía.<\/p>\n Por una parte, Beatriz Alicia Frites, médica psiquiátrica de la Penitenciaria Provincial, encargada del módulo VI hasta el pasado mes de febrero, versó su declaración sobre circunstancias amparadas por el secreto profesional referidas al estado de detención en el que se encuentra González Camargo, quien autorizó levantar aquella norma.<\/p>\n La profesional expresó al Tribunal que mediante la observación clínica detectó en el imputado, un cuadro de “síndrome depresivo y deterioro cognitivo” el cual se traduce en “trastorno en la concentración, dificultades en la memoria e insomnio”.<\/p>\n En su exposición, la profesional aseguró no encontrar “atisbo demencial”, ni “trastorno de personalidad, clínicamente evidente”, en el imputado a quien diagnosticó “síndrome depresivo ansioso”.<\/p>\n Guiada por las preguntas de la defensa, la profesional abordó aspectos y rasgos de personalidad que clínicamente puedan identificar el perfil de un abusador sexual o torturador, sobre lo cual se valió para eximir a González Camargo. Aún así, más adelante expresó que la severidad de su diagnóstico sólo se corrobora con psicodiagnósticos realizados por psicólogos, pero estos “en la Penitenciaría no se hacen, sólo se da tratamiento a la patología”.<\/p>\n Por otra parte, y como testigo ofrecido por el Ministerio Público Fiscal, declaró Teresa Fátima Llorens, mediante video teleconferencia desde la Cámara de Apelaciones de Córdoba.<\/p>\n Teresa Llorens – sobrina del Padre “Macuca” Llorens – llegó a nuestra provincia el año 1974, junto a su marido, Eduardo Ustarros. Su militancia la desarrolló en su Córdoba natal, vinculada a la defensa de derechos humanos y estudiantiles.<\/p>\n Una noche de enero de 1975, efectivos de la Policía Federal irrumpieron a la vivienda en donde alquilaba una habitación y fue detenida ilegalmente. “Esa noche fui terriblemente torturada con picana eléctrica”, expresó la testigo que para entonces no sabía que estaba embarazada. “A los nueve meses di a luz a Valentina en el Hospital Emilio Civit”, recordó Teresa, quien al momento del parto aún tenía las marcas de la tortura.<\/p>\n Tanto ante los médicos que la atendieron, como en la sede de la Policía Federal, la testigo denunció las torturas recibidas. Hizo lo mismo ante el juez de turno sobre lo cual aseguró que “no se hizo nada”. Desde el momento de su detención, nunca fue notificada del proceso jurídico desarrollado en su contra, por el cual fue condenada a cinco años de prisión.<\/p>\n Trasladada a la Penitenciaría Provincial, compartió cautiverio con otras seis personas, entre ellas Silvia Orne. Recordó episodios que narran el recrudecimiento del régimen hacia el interior del Penal, al transcurrir el año 1976. “Tengo recuerdos de cubrir a los niños en las cunas por que les apuntaban en la cara”, expresó y continuó su relato al decir: “después empezaron a sacar a las compañeras para torturarlas hasta que nos trasladaron a Devoto”. El violento traslado de Teresa fue en el mes de septiembre, antes, pudo dejar a su hija al cuidado de Macuca.<\/p>\n En 1978 logró la libertad condicional; tras esto regresó a Córdoba junto a su familia que había cambiado de domicilio -a la granja del patronato liberado- tras ser dinamitada la vivienda en la que residían, sufrir catorce allanamientos y la desaparición de sus otros dos hermanos suyos.<\/p>\n Al tiempo, Teresa fue notificada sobre la revocación de su libertad condicional “por haber estado en un pabellón de mala conducta”. Le recomendaron presentarse personalmente dado que la policía de Córdoba “no daba garantía de que pudiera llegar a la cárcel”, relató la testigo.<\/p>\n “Sabía que en muchos traslados habían matado a muchos compañeros; al no tener garantías decidí no presentarme y con ayuda de los Jesuitas de Mendoza, pude salir del país”. De esta forma, Teresa encontró asilo en iglesias de Uruguay y Brasil, hasta exiliarse a Suecia en noviembre de 1978, por intermedio de Organización de las Naciones Unidas.<\/p>\n En el año 1994 regresó al país desde México, pero su pasaporte quedó en reserva dado que aún le pesaba el pedido de captura. “Fue un momento muy angustioso, luego me pidieron disculpas, y me dijeron que había sido un problema técnico”.<\/p>\n Con estos testimonios se desarrolló la jornada que continúa mañana, martes 25 de agosto, a las 09.30, en el primer piso del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1.<\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En ejercicio de su defensa declararon Marcelo Moroy y Juan Carlos Ponce ante la ampliaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda. 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