{"id":396317,"date":"2024-02-27T06:30:00","date_gmt":"2024-02-27T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mendoza.gov.ar\/prensa\/?p=396317"},"modified":"2024-02-27T17:23:53","modified_gmt":"2024-02-27T20:23:53","slug":"comienza-la-segunda-etapa-de-compactacion-en-la-playa-san-agustin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mendoza.gov.ar\/prensa\/comienza-la-segunda-etapa-de-compactacion-en-la-playa-san-agustin\/","title":{"rendered":"Comienza la segunda etapa de compactaci\u00f3n en la Playa San Agust\u00edn"},"content":{"rendered":"\n
Se trata de los vehículos que están incluidos en la Acordada 31.425 de la Corte mendocina y que pertenecen a causas vinculadas con el Poder Judicial.<\/h5>\n\n\n\n

El Ministerio de Seguridad y Justicia continúa con la descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y moto alojados en la Playa de Secuestros San Agustín, ubicada en calle Libertador s\/n, Parque General San Martín, en Ciudad.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, se avanza en la contratación para comenzar la segunda etapa, que integra unos 28.500 vehículo incluidos en la Acordada 31.425 de la Suprema Corte mendocina y que pertenecen a causas vinculadas con el Poder Judicial. La apertura de sobres está prevista para fines de la primera semana de marzo.<\/p>\n\n\n\n

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la rapidez con la que viene trabajando la empresa compactadora. “Esto es lo que nos permite abordar la segunda etapa, que será la que más tiempo lleve, ya que integra el resto de playa, que tiene unas 8 hectáreas de vehículos”, detalló la funcionaria.<\/p>\n\n\n\n

Durante la primera etapa, el sistema ya compactó 540 vehículos, dados de baja por diferentes motivos. De ese total se obtuvieron 670 cubos de chatarra, que dieron cerca de 400 toneladas y que fueron trasladados en camiones de manera eficiente, contribuyendo a la liberación de espacio y al adecuado manejo de estos vehículos en desuso.<\/p>\n\n\n\n

El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos, es decir el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Esto no trae ningún costo al Estado, ya que los fondos que se obtienen de la venta de la chatarra vuelven a las arcas provinciales.<\/p>\n\n\n\n