Mendoza participó en el encuentro que reúne a todos los servicios penitenciarios del país


Se trata del Consejo Federal Penitenciario, que fue encabezado por Patricia Bullrich. Expertos en seguridad penitenciaria se reunieron para fortalecer la inteligencia carcelaria y combatir el crimen organizado desde las cárceles.

Con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Consejo Federal Penitenciario (Cofepe), trabajó temáticas tendientes a mejorar la inteligencia penitenciaria y la lucha contra el crimen organizado desde las cárceles.

El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, junto con los principales responsables de seguridad y gestión penitenciaria del país, participaron en el encuentro. Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal, para llevar adelante una agenda destinada a tratar las distintas problemáticas en relación con las instituciones que tienen a su cargo las cárceles.

En este sentido, y con el Servicio Penitenciario Federal como principal disertante, se abordó la necesidad de elaborar una red de inteligencia penitenciaria en todo el país, a fin de que la información recabada pueda ser trabajada y analizada, evitando que las acciones delictivas llevadas a cabo por personas privadas de libertad en alguna provincia pueda tener repercusiones en otros sistemas carcelarios.

La jornada incluyó además exposiciones técnicas sobre la gestión de internos de alto riesgo, la importancia de la clasificación inicial de quienes son alojados en complejos y unidades, y la puesta en común de experiencias y conocimientos tendientes a fomentar mejoras en cada gestión.

Finalmente, los participantes firmaron una carta de intención con la institución, para reflejar el compromiso y la voluntad de luchar en conjunto contra el fenómeno del crimen organizado. Además, seguir trabajando mancomunadamente, para que quienes han sido puestos bajo la custodia de los servicios penitenciarios del país cumplan la condena que se les ha impuesto y puedan volver a la sociedad con herramientas que faciliten su resocialización.