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Concretan acciones para la apertura del Espacio para la Memoria


En el marco del decreto 499/2014 firmado por el gobernador Francisco Pérez el pasado 24 de marzo, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin, junto a funcionarios de distintas áreas del ejecutivo provincial, organismos de derechos humanos y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Alejandro Gil, realizaron un nuevo recorrido por las instalaciones del Palacio Policial. El edificio donde funcionó el D2 como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar.

Además, las autoridades del ejecutivo y los referentes de organismos acordaron la creación de una mesa de diálogo que tendrá como objetivo definir los pasos a seguir en el proceso de traslado de las oficinas a cargo de la cartera de Seguridad y la apertura del Espacio para la Memoria.

Al respecto, Alejandro Gil expresó: “Estamos trabajando para poder terminar lo antes posible el nuevo edificio donde funcionarán las áreas que hoy se encuentran desempeñando actividades aquí. Si bien hemos tenido alguna demora en las obras, es inminente que antes de fin de año estemos desocupando el edificio”.

Por su parte, el ministro Bassin manifestó: “Es importante destacar que la apertura del Espacio para la Memoria no es solo un objetivo que nos ha encomendado el Gobernador. Estamos acompañando este proceso porque sentimos que es un acto de reparación histórica para todos aquellos que fueron víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura”.

“Si bien el plazo que establece el decreto ha vencido, hemos acordado junto al ministro Comperatore y el ministro Lafalla, una nueva instancia de diálogo donde definiremos juntos las metas a seguir para concretar la apertura de esta Espacio antes de fin de año”, concluyó.

La próxima reunión será en el marco de la mesa de diálogo y tendrá lugar a las 16 en el salón de acuerdos del 5to piso de Casa de Gobierno.

Participaron además el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González; la subsecretaria de Justicia Romina Ronda; la directora de Promoción de Derechos Humanos, Natalia Brite; el director de Protección de Derechos Humanos, Emilio Baez; y el procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado.