EL GOBERNADOR ENTREGARÁ INDEMNIZACIONES A CESANTEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA DICTADURA
El gobernador Celso Jaque, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Mario Adaro, les entregará órdenes de pago para cobrar indemnizaciones a 93 empleados de la administración pública local que fueron dados de baja durante la última dictadura militar.
El acto será mañana a las 9 en el salón Patricias Mendocinas, de la Gobernación, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, y además asistirán en la oportunidad el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Quiroga; el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Rubén Boris; intendentes, y representantes de gremios estatales y de la asociación de cesanteados de la dictadura en Mendoza.
Desde el 2006 hasta la fecha ya se han entregado 1.300 indemnizaciones. De éstas 93, la mayoría habían sido rechazadas y apeladas para su reconocimiento, y fueron consideradas por esta gestión de gobierno.
El 22 de febrero del 2006, la Legislatura aprobó la propuesta de Marcos Garcetti y Oscar Pressacco, del bloque de Fiscal, de reconocer con una indemnización a los cesanteados de la administración pública provincial o entes descentralizados que fueron dados de baja por razones políticas o gremiales durante el último gobierno de facto. En aquella ocasión, los militares en el poder aplicaron los decretos 93 y 177, de 1976, y sin sumario previo, obligaron a renunciar o echaron a esos empleados.
La ley democrática Nº7.496, de febrero del 2006, estipula un subsidio -por única vez- de $30.000 para quienes trabajaron en la administración pública y fueron dados de baja entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Entre otros requisitos solicitados para cobrarlo, figuraba no haber recibido una indemnización a través de reclamos judiciales y que, en caso de fallecimiento del agente, el beneficio lo cobrarían su cónyuge, conviviente con más de diez años e hijos.
La mayoría de los cesanteados durante esos años pertenecían al Partido Justicialista o eran militantes y gremialistas, ya que habían ingresado con la gestión del gobernador peronista Alberto Martínez Baca, en 1973.
Fuente: Prensa Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
Edición: Gabriel Espejo