EL GOBIERNO RESCINDIÓ EL CONTRATO CON LA ACTUAL CONCESIÓN DE OSM Y PIDE PRORROGAR LA INTERVENCIÓN
El gobernador Celso Jaque tomó hoy tres determinaciones que hacen al futuro de la empresa OSM. Por un lado, envió a la Legislatura un proyecto de ley para que se prorrogue por 60 días (es decir hasta el 27 de septiembre) la intervención a la empresa OSM, que vence a fines de este mes. Tambien firmó dos decretos: el primero dispone la rescisión del contrato de la actual concesionaria y el otro crea la empresa Agua y Saneamiento Mendoza SA.
En el mismo escrito que envió a la Legislatura, Jaque solicita que se autorice una transferencia de $10.000.000, como anticipo financiero a cuenta de una recaudación futura para garantizar el servicio mientras dure la intervención.
Además pide que, en un plazo no mayor a 90 días, el Gobierno pueda consensuar un nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio, establecer el sistema tarifario y un plan de obras de emergencia con su respectiva forma de financiamiento. En otro de los artículos, requiere discutir un plan estratégico para enfrentar las nuevas inversiones de la futura empresa.
En cuanto al decreto de rescisión del contrato, el gobernador fundamenta la decisión en “la culpa del actual concesionario”, en cuanto a incumplimientos. Esta determinación regirá a partir del 27 de septiembre. “Lo hemos establecido así para que tenga coincidencia con el período en el cual se extiende la intervención”, explicó el gobernador.
Respecto a la creación de la nueva empresa Agua y Saneamiento Mendoza SA, Jaque detalló que los titulares serán el Estado Provincial, que tendrá un 90% del paquete accionario, y el resto quedará en manos del actual personal de OSM.
En este sentido, explicó: “En este decreto aparece un estatuto tipo, porque necesitamos crear esta empresa para realizar todos los trámites que tienen que ver no sólo con la conformación, sino también con las inscripciones que permitan que el 28 de septiembre, cuando se entregue la nueva concesión, la empresa esté en condiciones de funcionar y de facturar”. En este contexto, aseguró que el decreto “queda ad referéndum de la Legislatura, para discutir las modificaciones que sean necesarias”.
El punto que generó diferencias entre oficialismo y oposición es el formato legal que debe tener la nueva empresa. Mientras el Gobierno plantea que debería ser una SA, algunos legisladores pretenden una SA con participación estatal mayoritaria. De cualquier manera, el decreto establece en uno de sus artículos que frente a cualquier modificación que se haga en el futuro se mantenga el 51% de la participación del Estado. “Esto garantiza que el Estado siempre estará presente, en la prestación de un servicio esencial”, enfatizó el gobernador.
Francisco Pérez, Jorge Tanús, Celso Jaque y Miriam Gallardo
Fuente: Prensa Gobernación