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“El hogar propio”: historia de las primeras casas para familias obreras


Hubo diversos proyectos en las primeras décadas del siglo pasado que se fueron materializando con el correr de los años, cuando comenzó a contemplarse un plan para acceder a la casa propia con la posibilidad de compra en cuotas. Se formularon distintos prototipos de diseño y estilo.

En los años 30 del siglo pasado se intentó dar una solución al déficit habitacional con la construcción de casas colectivas. Pero en esa época también se contempló la edificación de casas jardín individuales de arriendo en los centros más poblados de los departamentos de la provincia y de casas granja, que serían vendidas bajo el régimen de la Ley del Hogar.

La arquitecta Cecilia Raffa, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa) del Conicet, nos cuenta cuáles fueron los principales proyectos de esa época y cómo se encararon.

La finalidad de la adhesión a la Ley 1190, en el caso de la vivienda familiar y única, era la protección de la familia, con un doble objetivo: por un lado, económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar y a evitar que se agravara el problema de la falta de vivienda; y por el otro, social, en cuanto propendía al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo.

Entendemos además que se consideraba que estos beneficios respecto de la vivienda rural, de alguna manera incidirían en el arraigo a las zonas rurales y suburbanas, frenando el movimiento migratorio hacia los centros urbanos.

Pese a la iniciativa, durante la gestión de Guillermo Cano solo se cumplió una parte de lo dispuesto en la legislación, a través de la construcción de las casas colectivas.

Las principales razones del retraso en la ejecución de las viviendas individuales residieron en las dificultades para la negociación de los títulos a emitirse para financiar su construcción.

El acceso a la vivienda para familias obreras

En 1938, al asumir su gobierno, Rodolfo Corominas Segura propició la prosecución de las obras públicas contenidas en varias leyes reglamentadas en la gestión anterior, entre ellas la Ley 1190: “La posibilidad que existe de financiar obras públicas mediante el pago de cuotas anuales, que no graviten onerosamente en el presupuesto, me ha decidido a ampliar el plan, sobre todo en lo referente a construcciones que mejoren la vivienda obrera, beneficien los servicios de asistencia social y justicia” (Gobierno de Mendoza, 1942, p. 252).

La intención fue dar impulso a la construcción de casas para obreros ubicadas dentro de los radios urbanos. Serían casas independientes “y dentro de su condición económica propender[ían] al desarrollo del gusto por lo cómodo y estético”.

También se desarrollaría un plan de construcción de pequeñas viviendas distribuidas en toda la extensión de caminos de la provincia, para dar albergue al obrero caminero con su familia. Operatoria esta en clara consonancia con la política delineada por las direcciones Nacional y Provincial de Vialidad respecto de la construcción de la red caminera.

Una particularidad de las viviendas ideadas para el peón caminero fue ser “adaptables” a la función de albergue turístico, como se menciona en la Labor de Gobierno editada en 1941.

Los planes para la construcción de viviendas urbanas y camineras, buscaban, en palabras de Corominas (1941), brindar comodidad en “viviendas higiénicas, económicas, de aspecto amable, contribuyendo a la salud y a formar un concepto digno y optimista de la vida en las familias obreras que las habitarían”.

Los primeros barrios obreros

El 7 de octubre de 1939 fue sancionada la Ley 1351, que autorizaba al Ejecutivo provincial a invertir $2.000.000 la comprar terrenos y construir barrios obreros con viviendas individuales económicas, para ser vendidas a largos plazos, y $1.000.000 para la construcción de viviendas para obreros camineros de la provincia con obligación del cuidado del replante del arbolado.

Los estudios para construir viviendas individuales y económicas para obreros y peones avanzaron. Desde la Dirección Provincial de Arquitectura, al mando de Arturo Civit y con la asistencia del técnico Pedro Ribes, se propusieron distintos prototipos, sin localización determinada.

Las características de las viviendas

En el caso de las casas económicas urbanas, los proyectos tenían dos o tres dormitorios, con living, cocina, lavandería y baño. Para las diseñadas como viviendas económicas rurales, se previeron dos dormitorios, comedor diario, baño, cocina y living. Esta última incluía garaje para tres vehículos, contemplando el guardado de maquinarias para el trabajo de construcción o reparación de caminos.

En ambos casos, la presencia de porche o galería y el lenguaje pintoresquista dan cuenta de la apelación proyectual a lo doméstico, lo familiar y lo rústico, que forma parte del carácter implícito en esta arquitectura y que está en consonancia con la política de vivienda implementada.

También tiene correlación con la asociación que durante todo el período y hasta los años 50 se haría de la vivienda dirigida a los sectores populares con la simplificación de la Ciudad Jardín howardiana, generando viviendas individuales con jardines circundantes situadas en áreas planificadas que se apartaban del modelo de casa chorizo.

Un proyecto a largo plazo

Este nuevo impulso a la construcción de viviendas individuales urbanas no terminó de efectivizarse, más allá del prototipo de vivienda caminera. Es probable que la multiplicidad de obras encaradas de forma simultánea por el gobierno local (dispersión de recursos económicos, materiales y técnicos) y la atención que suponía en ese momento la conclusión de las obras de las colectivas haya aplazado la construcción de estas unidades de habitación.

Pese a las demoras y dificultades, el plan de construir casas individuales se mantuvo en la agenda política y técnica conservadora. Mediante el Decreto 1259 de diciembre de 1942, el gobernador Adolfo Vicchi aprobó el informe de la Dirección Provincial de Arquitectura en el que se individualizaban terrenos en la parte noroeste de la ciudad para destinarlos a la construcción de casas económicas para obreros, declarándolos de utilidad pública y autorizando su expropiación.

Esta acción estaba enmarcada para Vicchi en la continua búsqueda del gobierno provincial de dignificar la situación del obrero mendocino a través del aumento de salarios, educación, protección a las mujeres y a los niños de hogares humildes y el mejoramiento por las condiciones de su vivienda.

A la necesidad de construir nuevos barrios se sumó la de reedificar sectores de viviendas obreras demolidas por los sucesivos gobiernos con motivo de la apertura de nuevas avenidas y construcciones monumentales, como el Hospital Central.

La construcción de vivienda popular era parte del programa social que el gobierno había prometido con miras a mejorar la vivienda, “haciéndola sana, amplia, higiénica, alegre, cómoda en todas las estaciones y susceptible, por su bajo precio, de ser adquirida en propiedad por el trabajador que la habita[ría]” (Vicchi, 1943, p. 651).

Los terrenos en cuestión eran los ubicados entre las calles Jorge A. Calle (sur), el entonces Vivero Municipal (oeste), Hudson (este) y al norte lo que se pensaba como la futura Avenida de Circunvalación.

El emplazamiento de los barrios populares

El sector propuesto para la localización del barrio estaba en consonancia con las recomendaciones de zonificación de la vivienda obrera contenidas en el preplán regulador para la Ciudad de Mendoza, en proximidad de las casas colectivas.

El preplán, cuya publicación fue apoyada por la gestión de Vicchi, aconsejaba la densificación y ampliación de la ciudad a partir de conjuntos que tuvieran unidad “esencial y formal”; unidades vecinales que fueran no solo un conjunto armónico de viviendas “sanas, alegres, cómodas sino también la expresión cabal de un pensamiento orientador que coordine el trabajo, el aprovisionamiento, la recreación, el deporte, la vida cultural, la asistencia social, el típico sentido localista”.

Se previó la construcción de un barrio de 144 viviendas individuales y dos grupos de dos casas de negocios cada uno, con casa habitación anexa. Se reservaría un espacio para la construcción de una plaza y un terreno para la instalación de una escuela.

A esa altura, como ya mencionamos, el plantel de la Dirección Provincial de Arquitectura había sido reestructurado y funcionaba bajo la dirección de Ewald Weyland, secundado por Raúl Panelo Gelly como proyectista. Ese cambio en el equipo técnico es claramente visible en el lenguaje formal adoptado para los planteos.

Ambas propuestas eran, en términos tipológicos, “modernas” es decir, con distinciones funcionales de ambientes; diferenciación entre zonas públicas y privadas; servicios sanitarios distribuidos por cañerías internas a locales especializados: cocina, lavadero, sanitarios y previsión de electricidad.

Otro estilo arquitectónico

En términos formales, las viviendas individuales diseñadas bajo la dirección de Arturo Civit estaban alineadas, como indicamos, con el lenguaje pintoresquista: techos de tejas, muros revocados con zócalos y detalles en piedra.

Las plantas proponían cierto movimiento que derivaría luego en juegos volumétricos. Lo que Weyland y su equipo propusieron fueron viviendas mínimas, basadas en los principios de confort, economía, higiene, durabilidad y espacio libre: incluían, además de un patio, un sector para la instalación de una huerta.

La vivienda estándar -hubo distintos tipos- tenía dos dormitorios, cocina, baño y lavadero, living-comedor y galería cubierta. Eran edificios pintorescos “simplificados” de mampostería de ladrillos y techos de tejas.

Los ambientes se agruparon, reduciendo al mínimo las entrantes y salientes, decisión proyectual por la cual es posible ubicarlas como “transición” hacia las viviendas tipo cajón (compactas).

Fuente: Cecilia Raffa. Construir Mendoza: obras y políticas públicas en el territorio, 1932-1943.