El INCAA firmó un convenio con Mendoza para registrar los juicios de lesa humanidad de San Rafael

El Vicepresidente del INCAA, Gianni Buono, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González, firmaron hoy un convenio de mutua colaboración a través del cual el Instituto continuará con la política de registro fílmico de los juicios de lesa humanidad de la denominada “Megacausa del Sur” que se desarrolla en San Rafael. También estuvieron presentes el fiscal subrogante, Pablo Garciarena, y organismos de Derechos Humanos.

“Con el registro audiovisual de los juicios venimos a garantizar que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea irreversible”, aseguró Buono, quien destacó tanto el compromiso del INCAA con la creación del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), como el rol de los registrantes en las coberturas de los alegatos y sentencias. “Es el Nunca Más de nuestra época”, recalcó.

Asimismo, González puso el acento en “la importancia de dar continuidad a las políticas del Gobierno Nacional que merece nuestro país, por la vida de los 30 mil detenidos-desaparecidos durante la dictadura”. El convenio, cuyo objetivo es poder contar con filmaciones de calidad para su posterior preservación como resguardo de la memoria colectiva de toda la comunidad, es el número 39 y la causa número 57 en la que el Instituto interviene.

La llamada “Megacausa del Sur” (que acumula 24 causas) comenzó el 29 de diciembre de 2014 con la lectura de la acusación e incluye los delitos cometidos en perjuicio de 72 personas consistentes en desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y violaciones. El genocidio de San Rafael, General Alvear y Malargüe fue llevado a cabo entre el 23 de febrero de 1976 y el 6 de marzo de 1978. Entre los imputados se destaca el caso de Luis Stuhdreher, intendente de facto durante la dictadura y funcionario del ex gobernador de la provincia, Julio Cobos, durante la democracia.

En este juicio, además, se investigan las complicidades civiles del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi, y del ex obispo de San Rafael, Guillermo Garlatti, y la participación activa y complicidad de miembros del poder judicial local, ya que la Casa Departamental operó como centro clandestino.