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El Organismo Regulador de Presas premió a la Empresa Mendocina de Energía


En su aniversario número 20, el ente que vela por la seguridad de las presas de todo el país distinguió a Emesa por su trabajo en energías renovables y su compromiso con el Proyecto Portezuelo del Viento.

El Organismo Regulador de Presas, encargado de monitorear, controlar y velar por la seguridad de los diques de todo el país, entregó una distinción a la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) por el compromiso con la planificación, el mantenimiento y la proyección de represas en la provincia.

El acto coincidió con el aniversario número 20 del ente regulador de los diques, creado en 1999 para velar por la seguridad de los argentinos y por el uso correcto del agua de los poblados y ciudades aledaños.

Rodoflo Dalmati, presidente del organismo, fue el encargado de entregar el premio a Pablo Magistocchi, vicedirector de Emesa, y destacó el trabajo de planificación que viene haciendo Mendoza para concretar el sueño del dique Portezuelo del Viento. “ORSEP trabaja codo a codo en el avance de Portezuelo”, aseguró Dalmati.

“Es un reconocimiento a la rigurosidad técnica con la que se está diseñando el dique. Desde el primer tramo hemos estudiado en detalle tanto el impacto ecológico como la factibilidad económica, porque encaramos esto con mucha seriedad, sin caer en las viejas trampas del cortoplacismo”, afirmó Magistocchi.

El acto realizó en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, donde también se premió a destacados profesionales mendocinos gracias a los cuales existen represas como Potrerillos, Agua del Toro o Valle Grande.

En el acto estuvieron presentes, además de reconocidos ingenieros, el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias; el director del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) Cuyo, Carlos Santilli, y Pablo Derra Barud, gerente del Proyecto Hidroeléctrico de Emesa.

Sobre ORSEP

La misión de ORSEP es lograr que las presas en la Argentina cumplan con los estándares internacionales de seguridad, tanto estructural como operativamente, con el objeto de proteger a la población y resguardar el patrimonio nacional.

El Decreto 239/99, de creación del ORSEP, establece el marco jurídico para su desenvolvimiento como un organismo regulador, que además de asegurar el adecuado funcionamiento de los emprendimientos concesionados, tiene atribuciones para instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las presas de las provincias y de terceros a través de convenios específicos.

En el pasado, la seguridad de presas se practicó como una parte de la ingeniería de las obras hidráulicas, pero en la actualidad su abordaje atiende el carácter complejo y altamente sofisticado que conllevan las grandes obras. Obligan a reforzar la seguridad, extendiendo su vida útil bajo condiciones extremas.

Se verifican y rehacen tanto planes de emergencia como de simulación de condiciones extremas, y en cuanto a la metodología y la materialización de sistemas de medición y alerta hídricos, también se les atribuye una importancia fundamental.

En este contexto, el ORSEP se constituye en el único ámbito del Estado especializado científica y técnicamente en sus recursos humanos y materiales para gestionar y atender las diferentes actividades de: control, auditoría técnica, evaluación del estado de funcionamiento, recomendación de medidas correctivas estructurales y no estructurales, contratación de estudios y ejecución de trabajos de obras, formulación de planes contingentes, por sí o juntamente con Comités de Cuenca.

El Decreto 106/03 del Poder Ejecutivo Nacional, extiende el ámbito de competencia del ORSEP a todas las presas nacionales mediante convenios con cada jurisdicción. De esta manera, el Gobierno nacional promovió el fortalecimiento de la asistencia técnica del ORSEP a otros niveles gubernamentales, entre ellos, los estados provinciales, sus organismos específicos y municipios a través de la firma de convenios marco y convenios específicos.

El desafío actual del ORSEP es colaborar con las gobernaciones en la acción fiscalizadora y de protección de su patrimonio. Amplía así las capacidades institucionales como ente regulador de las presas nacionales concesionadas hacia las presas provinciales no concesionadas, las binacionales y las privadas que requieran el monitoreo y la operación adecuada.

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