El pago a las prestaciones por transporte escolar está al día
El gobierno escolar no tiene deudas con ninguno de los proveedores habilitados que trabajan en los distintos niveles y modalidades y que cumplen una función fundamental para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Durante 2018 se han cancelado más de $80 millones en servicios.
Para el ciclo lectivo 2018, la Dirección General de Escuelas contrata de forma exclusiva servicios de transporte escolar para 183 establecimientos educativos para las modalidades de educación Inicial, Primaria, Primaria especial, post-Primaria especial, Secundaria y modalidad Albergue, abarcando todo el territorio provincial.
Las distintas prestaciones se concentran en 73 proveedores habilitados para contratar con el Estado, inscriptos a través del Registro Único de Proveedores, perteneciente a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes del Ministerio de Hacienda.
Del total de establecimientos contratados a la fecha, las escuelas están con sus liquidaciones mensuales al día. Restan 70 escuelas, en las que la documentación requerida para realizar el pago presenta irregularidades, lo que genera retraso en los procesos administrativos.
La totalidad de liquidaciones pagadas en los ocho meses que transcurrieron desde el inicio del año, ascienden a $83.180.874,28.
Cabe aclarar que, en general, los retrasos corresponden a demoras en la presentación de la documentación, debido a notas de crédito por excesos en los kilómetros facturados y los restantes presentan problemas en el Registro de Proveedores del Estado.
Entre las falencias más frecuentes que se observan al momento de la liquidación, se encuentran reiteradas notas de crédito solicitadas por exceso de facturación. Incorporar sistemas de control satelital, para corroborar el cumplimiento efectivo de los recorridos estipulados por contrato, ha generado adecuaciones a reglas claras en los prestadores de servicio, ya que sólo pueden facturar lo efectivamente realizado, situación distinta a la que se acostumbraba y, desde que asumió el nuevo gobierno escolar, se pide para poder llevar claridad a cada una de estas contrataciones y prestaciones.
También han existido demoras porque algunos proveedores están deshabilitados por no presentar balances y documentación contable de sus empresas en la manifestación anual que solicita el Registro Único de Proveedores.