04 de diciembre, 21 horas. Coronavirus: Comunicado del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes

El Registro Civil realizó cuatro matrimonios en el complejo penitenciario San Felipe


El Decreto 1339/21 del Gobernador Rodolfo Suarez autorizó delegar y asignar las funciones de oficial público del Registro Civil a personal penitenciario para la atención en la oficina “Edith Susana Pereyra” a las personas privadas de la libertad.

Este jueves 18 se llevaron a cabo cuatro matrimonios en el Complejo Penitenciario San Felipe. Fueron los primeros tramitados por agentes de esa institución penal luego del Decreto 1339/21, en el cual el Gobernador de Mendoza permitió delegar y asignar las funciones de oficial público del Registro Civil a personal penitenciario para la atención en la oficina “Edith Susana Pereyra” a las personas privadas de la libertad.

Además de matrimonios, los agentes penitenciarios asignados a las tareas de oficial público del Registro Civil podrán realizar otros trámites de documentación requeridas por las personas privadas de la libertad.

El director del Registro Civil, Sebastián Cremaschi, estuvo presente en la celebración  de los matrimonios y resaltó: “Estamos muy contentos porque luego del período de pandemia hemos podido volver a celebrar matrimonios en la penitenciaría, gracias a la tarea coordinada del personal penitenciario y del Registro Civil”.

“Gracias a un decreto del Gobernador y con la capacitación adecuada, a partir de este momento será personal penitenciario dotado de funciones de oficial público el que van a atender todas las necesidades de las personas privadas de la libertad”, agregó Cremaschi.

Decreto 1339/21

Es importante señalar que el Decreto 1339/21 permitió un gran avance para la tramitación de documentación y prestación de servicios a personas privadas de la libertad y también a los pacientes internados en hospitales centralizados y descentralizados de la provincia.

En sus artículos delega la facultad prevista en el artículo 14 del Decreto 1632/17 de manera conjunta entre la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas y los directores de los hospitales centralizados y descentralizados. También, con la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, al solo fin de asignar funciones de oficial público a personal de salud y penitenciario para la prestación de servicios contemplados en el decreto.