El Servicio Penitenciario apuesta al abordaje virtual para los procesados con detención domiciliaria
El objetivo de esta novedosa gestión implica que aquellas personas que se encuentran bajo la modalidad de prisión domiciliaria puedan acceder de manera remota a las distintas capacitaciones o actividades terapéutico-asistenciales durante su proceso.
La Unidad 8 del Servicio Penitenciario de Mendoza lleva adelante un abordaje integral de las personas que se encuentran privadas de libertad en sus domicilios. Entre sus funciones, se destaca fundamentalmente el acompañamiento por parte de profesionales, para que quienes se encuentran en esta condición desarrollen sus potencialidades individuales.
El equipo afectado a esta Unidad trabaja para dar respuesta a las distintas problemáticas que afectan a las personas detenidas en un domicilio, a fin de garantizar sus derechos, más allá de encontrarse en calidad de procesados.
Es importante destacar que las alcaidías, complejos y unidades penales de toda la provincia, tienen en su organigrama el Área de Tratamiento. Estos espacios son los encargados de generar actividades terapéuticas, culturales, asistenciales, recreativas, de formación y capacitación, voluntarias, interdisciplinarias, programadas e individualizadas.
Particularmente, la Unidad 8 realiza un trabajo similar al que se desarrolla en los diferentes contextos de encierro, pero poniendo el foco en las necesidades puntuales de una población con características distintivas. “El fenómeno de la prisión domiciliaria, como medida alternativa de detención, precisa de mayor indagación, por lo que es necesario centrarse en él”, explicó Pablo Moreno, jefe de la división.
Capacitaciones a distancia y vínculos con otras instituciones
El equipo interdisciplinario de la Unidad 8 está compuesto por un grupo de efectivos, entre los que se destaca un licenciado en Ciencias de la Educación, una trabajadora social y personal administrativo, para contener a las 386 personas procesadas con causas provinciales en esa condición.
Asimismo, y como parte del trabajo que realiza esta área, se gestionan las demandas de documentación, situaciones particulares de salud, abordaje de consumo problemático y, principalmente, lo relacionado con capacitaciones laborales y educativas.
Para ello, desde 2022 se viene trabajando con la Dirección General de Escuelas, particularmente con la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes Adultos y Educación a Distancia, lo cual ha permitido que 12 personas puedan completar la educación secundaria en modalidad virtual.
El trabajo es otro ámbito que es necesario contemplar. En este sentido, la Unidad ha recibido el aporte del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de capacitaciones virtuales, para que los detenidos puedan acceder a un estímulo económico para iniciar algún emprendimiento o para que quienes tienen un oficio puedan continuar ejerciéndolo desde su propio domicilio.
La cooperación con otros organismos de la sociedad es indispensable para llevar a cabo el tratamiento. Uno de ellos es el de la Dirección de Emprendedores de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y la Red Creer. Se trata de un espacio colaborativo integrado por más de 150 organizaciones de los sectores público, privado y social que diseña, implementa y evalúa distintas iniciativas de impacto colectivo, orientadas a la inclusión socioeconómica de personas privadas de la libertad, liberadas y sus entornos directos.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través del programa ProHuerta, posibilitó que las personas detenidas en su domicilio puedan realizar su propia huerta.
Ejes a futuro
Pablo Moreno, jefe de la División de Tratamiento de la Unidad 8, expresó: “Debemos generar un espacio de acogida, de escucha activa, de contención, no solo para las personas privadas de libertad sino también para sus familias. Por este motivo, este año trabajaremos con voluntarios de Capellanía, para establecer un acompañamiento espiritual”.
El enfoque principal de esta gestión es poder establecer una orientación de protección de derechos, generar una red de trabajo con instituciones y organizaciones civiles territoriales, y que estas líneas generales queden instituidas. El hecho de que una persona detenida en su casa quede luego vinculada a las propuestas de la unidad genera una instancia de inclusión certera.
