Emprendedores de la economía social se incorporan como proveedores del Estado
La Dirección de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes y la Dirección de Economía Social articulan políticas públicas con el objetivo de incluir a emprendedores de la economía social como proveedores de contratación del Estado provincial. Se trata de promover el efectivo cumplimiento de la Ley 8435.
La Dirección de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Dirección de Economía Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes articularon políticas públicas que permitieron incluir a emprendedores de la economía social como proveedores de la contratación de la prestación del servicio de limpieza de todas las oficinas y dependencias del Estado provincial.
Se trata de la primera experiencia que ha permitido complementar dos políticas públicas institucionales en cada uno de los organismos mencionados: por un lado, la promoción de los emprendedores de la economía social según los postulados de la Ley 8435 y, por el otro, las contrataciones públicas basadas en criterios de sostenibilidad, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas.
Al respecto, el director general de Contrataciones Públicas, Roberto Reta, explicó: “Se ha incluido en la adjudicación del servicio licitado a 8 emprendedores de la economía social, empresas unipersonales que ya tienen perfeccionadas sus órdenes de compra y comienzan a prestar sus servicios tanto en el área de Gran Mendoza como en el Sur de la provincia. La importancia del cumplimiento de esta ley está en comenzar a cambiar un paradigma de la contratación, promoviendo la inclusión de nuevas unidades productivas y microemprendedores que tengan la perspectiva de crecer y progresar”.
Por su parte, la directora de Economía Social, Lorena Meschini, comentó: “La idea es que, en los espacios en los que el Estado tenga que hacer adquisiciones, lo haga al sector de la economía social. Si bien la ley establece que es un 10%, no es un límite sino que lo que pretendemos es que todos los bienes y servicios sean brindados por unidades productivas de la economía social.
Además, aclaró que “próximamente vamos a avanzar en la adquisición de productos, como por ejemplo la adquisición de alimentos. Esto contribuye al desarrollo local, porque todo lo que se invierte queda en la provincia con el desarrollo de proveedores locales”.
