"En la actualidad la actividad minera de segunda y tercera categoría se encuentra normalizada"

Luego de lograr que se sancionara la ley de regulación del tercer sector minero, la Policía Minera ha logrado el ordenamiento legal de casi la totalidad de las canteras mendocinas.

Son más de 400 los controles que se hacen anualmente en la denominada tercera categoría minera que comprende a las canteras de propiedad privada, es decir, aquellos materiales por los que el estado no recibe regalías por su explotación sino que cobra los impuestos relacionados a la actividad y los permisos de inscripción.

Carlos Molina, director de Minería, opinó que “el trabajo de la policía minera ha logrado ordenar finalmente casi la totalidad de la segunda y tercera categoría de materiales de origen mineral, a la vez que ha ayudado mucho a los mismos carteristas que se organizaron más y ya están formando Cámaras”.

Del mismo modo, rescató la actividad de las canteras no sólo por la extracción de materiales necesarios sino que hacen además una tarea importantísima que no se ve: “el canterista limpia el material de arrastre de los arroyos secos y de los ríos impidiendo que se corten los cauces naturales y que el agua no llegue a los embalses. Si no lo hicieran ellos, esa tarea debería ser encarada por el estado con un alto coste”.

De acuerdo a la categorización que hace el Código de Minería de la Nación los minerales de la Segunda categoría son, los no metalíferos y los de la tercera categoría comprenden a los áridos, carbonatos, y yesos.

Sin embargo, hasta hace unos años, era casi imposible recibir los cánones correspondientes, dado que este sector no estaba bien regulado y por ende, había muchas trabas para poder definir quién y cuánto debía pagar.

Básicamente lo que estipula la ley es que cada proyecto tenga, un representante técnico, un plan de trabajo y un plan de cierre del yacimiento. En este sentido, la policía minera trabaja con dos expedientes paralelos por cada cantera, uno legal y el otro ambiental, que se revisan periódicamente.

Sólo en lo que va del 2014 el equipo de la policía minera ya realizó más de 300 inspecciones y clausurado cerca de 15 canteras en forma provisoria y un par en forma definitiva por no cumplir con los plazos que otorga la dirección de minería para regularizar la situación. En estos casos, se realiza una denuncia penal y se da intervención directa a la justicia.