Justicia busca postulantes para el cargo de Procurador de Personas Privadas de la Libertad
La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, junto a un jurado examinarán a los 11 postulantes al cargo de Procurador de las Personas Privadas de la Libertad. A su vez, el gobernador, Francisco Pérez, propondrá a una persona al Senado Provincial para su aprobación.
La subsecretaria de Justicia, Romina Ronda señaló “nosotros estamos dando cumplimiento a una ley que fue sancionada por la Legislatura de Mendoza por unanimidad y que tiene que ver con el acuerdo de solución amistosa en el caso de las penitenciarias”.
Agregó que si los exámenes de hoy y mañana en la Universidad Nacional de Cuyo se desarrollan conforme a lo esperado, a partir del lunes será remitida al poder ejecutivo la terna. De los 11 aspirantes quedarán sólo tres, que deberán aprobar una instancia escrita y oral.
“El procurador viene a garantizar, a poner en vigencia el mecanismo de prevención y erradicación. Garantiza los derechos de todas las personas privadas de la libertad, contempla la facultad de controlar y prevenir torturas y malos tratos en otros ámbitos como por ejemplo el sistema de responsabilidad penal juvenil, hospitales psiquiátricos, hospicios” expresó Ronda.
Por su parte, Juan Carlos Wlasic, titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Universidad de Mar del Plata, señaló “nuestra responsabilidad es formular una terna de méritos para determinar quién puede ser elegido para procurador provincial de las penitenciarías de Mendoza por el gobernador con acuerdo del senado provincial”.
“El procurador tiene como rol la defensa de las personas privadas de la libertad, en el caso mendocino no solo se refiere a cárcel o comisaría sino también en todo centro en el cual la persona sea mayor o menor se pueda encontrar alojada contra su propia voluntad” aseguró Wlasic.
El procurado debe poseer un fuerte compromiso en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad y un amplio criterio de gestión porque no solamente va a tener que organizar la propia procuración penitenciaria sino el comité contra la tortura.
Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
En marzo de 2011, la Legislatura Provincial aprobó la creación de una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, con sede en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, como organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónoma y financieramente autárquicas.
Esta comisión es el órgano de aplicación en la provincia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, aprobado por la Ley Nacional 25.932.
La norma establecía que el organismo debía estar integrado por un presidente o procurador de las Personas Privadas de la Libertad y un comité local para la prevención de la tortura y otros tratos, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales.
El procurador es designado por Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores y es elegido por una terna vinculante. La Comisión asesora se conformó con doctorados en la cátedra de Derechos Humanos de las universidades.
La Comisión actuará en defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en tratados internacionales, Constituciones provincial y nacional y leyes, de toda persona que sea privada de la libertad de cualquier modo, en todo tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial. Sus facultades se extenderán, también, a la protección de personas privadas de libertad en entidades de carácter privado.