La Defensoría del Personal de la Educación ya está en funcionamiento
Esta iniciativa garantiza a los docentes los principios de legalidad, transparencia, celeridad y garantía de los derechos fundamentales en los procedimientos administrativos disciplinarios y acompaña a la modernización de la Administración Pública que el Gobierno propone.
El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, informa a la comunidad educativa que ya está en funcionamiento la Defensoría del Personal de la Educación (DePE), un espacio creado para garantizar el derecho de defensa de todos los agentes de la educación que conforman el sistema.
El área quedó establecida y reglamentada a través de la Resolución 2791 acompañando los principios de legalidad, transparencia, celeridad y garantía de los derechos fundamentales en los procedimientos administrativos disciplinarios.
Además, la DePE fortalecerá las políticas del Gobierno garantizando una administración pública más eficiente, actualizada y respetuosa de los derechos de los agentes de la educación.
La Defensoría dependerá de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, que dictará las disposiciones internas y funcionales para garantizar la prestación del servicio. Desde el gobierno escolar destacaron que se creó con el fin de dar mayor celeridad, sustanciando los tiempos sumariales.
Funciones destacadas de la Defensoría del Personal de la Educación
La Defensoría deberá recibir las denuncias por faltas administrativas o hechos por incumplimiento de los deberes del personal docente o empleado público, en relación con el cumplimiento de sus funciones.
También recibirá denuncias que hayan sido presentadas ante otros organismos de la DGE, las cuales deberán haber sido remitidas dentro de las 48 horas de la presentación.
Evaluará los hechos investigados, determinando si existen indicios razonables de la comisión de la falta administrativa. Además, podrá desestimar la denuncia, iniciar el proceso de conciliación obligatoria, instar la aplicación de sanciones directas para las cuales no sea necesario un procedimiento sumarial. La Defensoría podrá sugerir el traslado preventivo o la suspensión y otorgar intervención a la Coordinación del Área de Género.
