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La escrituración y cancelación de las viviendas sociales en Mendoza será regulada por ley


El Instituto Provincial de la Vivienda, con el apoyo del Gobierno provincial, presentó hoy en la Legislatura un proyecto de ley que facilitará la regularización de dominio y la escrituración de las viviendas.

Un proyecto largamente esperado por el IPV y los beneficiarios de viviendas sociales comenzará hoy su recorrido en la Legislatura provincial para convertirse en Ley en 2022.

“Se trata de una ley que pretende ayudar a los adjudicatarios de viviendas a que puedan tener la regularización de dominio y poder sanear las deudas en el caso de que las tuvieran”, indicó el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro.

En este marco, la titular del IPV, Marta Ontanilla, explicó que “la ley tiene dos grandes partes: una tiene que ver con la mora de los adjudicatarios y puede tener varios beneficios, como cancelar su vivienda con alguna quita en el capital y en los intereses, con buenos descuentos que sin la ley no los podríamos llevar a cabo. La otra parte es la regularización de dominio, que nos va a permitir que las familias puedan escriturar aunque tengan deuda”.

Es que, según aseguró la funcionaria, históricamente en todas las viviendas que no han sido escrituradas la deuda recae sobre el Estado provincial.  

“El IPV tiene una cartera de 60.000 créditos y esta ley apunta a beneficiar a casi el 70% de esa cartera”, cerró Ontanilla.

Beneficios de la ley

La aprobación de la norma permitirá que los beneficiarios accedan a facilidades, mediante descuentos y la simplificación de trámites, para regularizar la titularidad de la vivienda que habitan y así, finalmente, acceder a la escrituración.

Quienes habiten una casa entregada por el IPV producto de una venta, cesión de derechos o permuta podrán solicitar el cambio de titularidad siempre que cumplan con los requisitos que se han determinado para este fin.

Además, el proyecto establece que los que deseen acceder a la escrituración podrán hacerlo aun cuando registren deuda con diversos organismos. Esta situación, que para muchos adjudicatarios significaba un obstáculo, quedaría simplificada. No significa que esas deudas sean condonadas sino que, al ser reconocidas, les permitirá continuar con el curso del trámite.

Otro punto importante es el referido a la implementación de un régimen de cancelación anticipada. En este sentido, se han establecido diferentes beneficios dependiendo el saldo de capital adeudado o de la antigüedad de la vivienda o crédito.

Uno de los objetivos de este proyecto de Ley es darle al IPV la posibilidad de depurar su cartera, reduciéndola, lo que le permitirá mejorar la administración de los créditos vigentes.

“Necesitamos hacer eficiente el uso del recurso público y esto de ayudar a que las familias regularicen sus deudas nos permite que el Estado disponga de más recursos para construir casas y, por otra, parte dejar de afrontar gastos que esas viviendas ocasionan por estar todavía a nombre del Estado”, concluyo Isgro.