Ley de Convergencia Comunicacional: Mendoza fue sede del primer debate provincial
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, participó del II Debate de Libertad de Expresión y Convergencia Comunicacional que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Las disertaciones estuvieron a cargo de miembros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de académicos mendocinos.
La iniciativa, del Ministerio de Comunicaciones de Nación, tiene como objetivo conformar una comisión para la elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 de Comunicación Audiovisual y 27.078 de Argentina Digital, en un momento donde la información ha mutado desde los medios tradicionales a nuevos soportes digitales.
La Comisión estuvo integrada por la coordinadora de la Comisión y directora del Enacom, Silvana Giudici; el experto en derecho a la comunicación en internet e integrante de Enacom, Andrés Gil Domínguez; el profesor de Derecho Público de la Facultad de Derecho, Ignacio Boulin; el secretario académico de esa facultad, Hugo Duch, y el docente del Taller de Medios Gráficos de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Ábrego.
Según el ministro Garay, “la premisa nacional es lograr seguridad jurídica, revisar la Ley Nacional de Telecomunicaciones y lograr una plataforma jurídica uniforme para que el ciudadano argentino pueda tener certeza de cuáles son los derechos que tiene con respecto a su libertad de expresión”.
Y agregó: “Nos parece importante que Mendoza sea la primera provincia donde se da este debate que se va a extender a distintas provincias e instituciones. Esta es la ley que queremos porque siempre es bueno poder ver que podemos mejorar sobre todo ahora que la tecnología está mutando a nuevos soportes donde el mundo se comunica”.
Por su parte, Andrés Gil Domínguez dijo que su aporte es “darles a las comunicaciones convergentes una cobertura o vinculación con el sistema de derechos, especialmente con respecto a la libertad de expresión y al acceso a la información, y también trabajar arduamente para que el acceso integral a internet sea un derecho fundamental y el Estado lo garantice”.