Megajuicio: Cinco testigos declararon por las desapariciones en la Escuela de Comunicación Colectiva
En el marco del IV Juicio por delitos de Lesa Humanidad, se desarrolló ayer en Tribunales Federales la audiencia Nº 43. Uno de los datos destacados de la jornada fue la ausencia del exmagistrado Max Petra Recabarren, quien sufrió una descompensación que lo mantendrá dos semanas en reposo.
Citada como testigo contextual, la abogada María Angélica Escayola de Guevara, aportó datos sobre el accionar del aparato represivo que operó en Mendoza en los años previos al golpe cívico militar, incluso hasta el retorno de la democracia.
Escayola hizo referencia a diferentes hechos ocurridos desde el año 1971 donde actuó como profesional en la presentación de habeas corpus para sindicalistas, gremialistas y estudiantes que participaron en el Mendozazo. Incluso, en 1972 denunció tortura por parte de agentes policiales hacia jóvenes detenidos en el Palacio Policial.
Este accionar lo compartió con otros abogados que oficiaron el derecho de presos políticos, y por lo cual fueron detenidos, entre ellos, López Jordán Bustelo y su esposo, el abogado penalista, Alfredo Guevara. “Hubo una gran cantidad de persecuciones a estudiantes, dirigentes barriales y sindicales sobre los que intervinimos de una u otra forma”, expresó la abogada, y recordó que el grupo de profesionales sufrió amenazas y ataques con explosivos en sucesivas ocasiones.
Con respecto a la detención de su esposo, ocurrida el 5 de marzo de 1975, manifestó haber solicitado un habeas corpus que fue apelado por la fiscalía. Tras una espera de sesenta días, consiguió el permiso para salir del país. De esta manera, Guevara y Escayola se exiliaron a Perú y luego a México, para regresar al país en abril de 1984.
Al regresar del exilio, retomaron sus actividades y recibieron el pedido de la familia de Luis Rodolfo Moriñas (actualmente desaparecido), que solicitó reabrir un habeas corpus presentado por el Dr. Aguinaga el 22 noviembre de 1975. Al reabrirse el caso advirtieron contradicciones en las contestaciones oficiales sobre el paradero de Moriñas: tanto en el desconocimiento sobre su paradero, como de su fuga o su detención en Córdoba. El Dr. Guevara, profundizó sobre estas actuaciones y solicitó a Luis Miret (entonces juez subrogante) y a Otilio Romano (que oficiaba como fiscal), que investigaran sobre estas contradicciones. Ante la negativa de los responsables de la Justicia Federal, los familiares de Moriñas – con el patrocinio de Guevara- formularon una querella que finalizó el 27 de noviembre del 1985. Los magistrados fueron sobreseídos por prescripción y Romano interpuso un recurso solicitando el pago de las costas a Guevara.
La persecución a los abogados se mantuvo incluso restituida la democracia. La testigo aportó como prueba de esto una publicación del año ‘88 titulada: “Nuevamente atentaron a conocido abogado en Mendoza”. Para entonces, Guevara defendía a ciudadanos chilenos exiliados en la provincia.
La militancia en la Escuela de Comunicación Colectiva
Los testimonios de Daniel Prieto Castillo, Horacio Enrique Moretti y Ricardo Mur, hicieron referencia a la desaparición sistemática de jóvenes estudiantes de Periodismo en la Escuela de Comunicación Colectiva.
La contextualización ofrecida en el testimonio de Daniel Prieto Castillo, quien para el año 1976 se desempeñaba como Director de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva, aludió a la propuesta desarrollada desde esa institución, en el abordaje de un nuevo plan de estudios basado en una visión integral de una comunicación comunitaria y comprometida con la realidad. En esta renovación intelectual, convivían diferentes tendencias políticas que participaron en diferentes hitos dentro de la Escuela, entre ellos, el pedido de mayor presupuesto y la solicitud de incorporarse a la UNCuyo, que derivaron en la toma de la Escuela por parte de los estudiantes. El testigo recordó además que la institución incorporó a jóvenes estudiantes que huían del golpe militar en Chile.
Al producirse la intervención en la UNCUyo en 1975, donde también se desempeñaba como profesor en Filosofía y Letras, Prieto Castillo fue desplazado de su cargo como director pero continuó ejerciendo como docente en la institución. A partir de entonces vivió el exilio en México.
Con respecto a los estudiantes desaparecidos, el testimonio de Horacio Moretti se dirigió hacia la actividad y militancia de su hermana mayor desaparecida, Raquel Moretti. Siguiendo su testimonio, expresó que las charlas que compartía con su hermana se desvinculaban de cualquier actividad política y social. Pese a esto, Raquel se vio obligada a marcharse a San Juan. Horacio la vio por última vez en el mes de agosto de 1976, cuando la llevaron a una plaza de la Cuarta Sección, con destino a la casa de Aldo Casadidio (uno de sus compañeros también desaparecido). “Nunca tuvimos información sobre qué sucedió con ella, por parte de ninguna autoridad”, expresó Moretti y agregó que desde el momento de la desaparición, sus padres presentaron recursos de habeas corpus que no prosperaron.
Sobre la causa Edesio Villegas y otrosm, declaró Ricardo Mur, quien para el año 1972 ingresaba como estudiante en la ESCC.
Mur, se refirió a su militancia estudiantil en el Peronismo de Base y posteriormente en el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS) hasta el cierre de la Escuela. Su cursado se vio interrumpido al ser convocado al servicio militar en el ‘73, para reincorporarse a los estudios a principios del ‘75. Al cerrarse la institución no pudo terminar sus estudios y vivió con sus padres en La Consulta.
Sobre sus compañeros de militancia y estudio, recordó a Daniel Moyano y Virginia Suárez: “Además de ser militantes y compañeros, éramos hermanos de la vida. A Suárez la vi por última vez una noche que la acompañé hasta su casa, en el puente Soldado Baigorria”. En relación a Moyano, supo que fue detenido aún en vigencia de la escuela y afirmó que era la única persona que les pedía que no anduvieran con él porque estaba siendo vigilado.
El abogado Pablo Salinas aludió a la masacre de jóvenes en la escuela de periodismo, sobre lo cual Mur afirmó “Era uno de los institutos terciarios más combativos, pensantes y de militancia activa. Si bien no puedo definir a qué fuerza atribuir esta masacre, por la información que llegaba a la Escuela, teníamos conocimiento que la fuerza militar había puesto a su disposición todas las fuerzas policiales”.
El horror del D2 y las conexiones con otros centros clandestinos de detención
Finalmente, declaró Ramón Alberto Córdoba quien, al momento de su detención, trabajaba en el Banco de Mendoza y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. El 31 de julio de 1976 fue interceptado por oficiales no identificados y llevado al D2. Allí, fue sometido a tortura, golpes y amenazadas. El testigo recordó que en la sesión de tortura, el interrogatorio era dirigido por una persona con acento porteño y reconoció además la figura de un médico que lo auscultaba. Además, hizo referencia a los ataques sexuales padecidos por sus compañeras detenidas.
El 12 de octubre del 1976, Córdoba fue trasladado a la Comisaría 7ma de Godoy Cruz junto a un grupo de presos políticos formado por Luna, Benardineli, Blanco, García, González y Morales. Allí los detenidos permanecían vendados y tabicados padeciendo torturas psicológicas. Entre el personal del lugar, recordó los nombres de los exoficiales Garro y Lorenzo, que cumplían con las guardias.
En este período fue testigo de la detención del grupo conformado por Seydell, Amaya y Moretti. Al respecto, aportó datos de la tortura a la que fueron sometidos en reiteradas ocasiones y afirmó que hubo un “ensañamiento muy particular hacia ellos. En la seccional se realizaban prácticas muy violentas, una vez me tocó presenciar la tortura a un niño de diez años que había robado en un supermercado”.
El 12 de enero de 1977, fue trasladado al pabellón de los presos políticos en la Penitenciaría Provincial. Allí, compartió celda con quien Surbache, Rabanal, Actis y Martínez Agüero. Durante este tiempo, fue sometido a violentas requisas e interrogado mediante golpes en lo que se conoce como “la peluquería”. Los exoficiales que intervinieron en estos procedimientos fueron identificados como Bianchi, Linares y Bonafede
Posteriormente, el testigo relató que fue trasladado a Sierra Chica donde permaneció detenido hasta el ’79. Más tarde, los trasladaron a La Plata y Caseros hasta que e 1981 recuperó su libertad.
Por medio de la intervención del Fiscal Dante Vega, pudo conocerse el expediente en donde se acusaba a Córdoba de desobediencia a ley 20.840. El mismo informe realizado por personal del D2, con fecha del 30 de julio del 76, menciona como antecedentes políticos gremiales la concurrencia de Córdoba a un acto en solidaridad con el pueblo de Chile al producirse el golpe militar en aquel país y haber hecho uso de la palabra en una asamblea general. Entre sus antecedentes, fue incorporado incluso el resultado negativo de un allanamiento realizado en su vivienda y la inexistencia de antecedentes policiales. Pese a esto fue sometido a un Consejo de Guerra en el ‘77 donde se le atribuía tenencia de armas, explosivos y material subversivo. Fue condenado a 5 años y medio de prisión, con un año de libertad bajo vigilancia.
El testigo expresó que durante sus años de detención nunca tomó contacto con defensores oficiales, y gracias a la lectura del expediente aportado por Vega, pudo conocer la intervención del ex juez Max Petra Recabarren.