Megajuicio por delitos de lesa humanidad: el Ejecutivo acompaña a la Justicia

En el juicio de lesa humanidad sin precedentes en el país que desde el pasado 17 de febrero se desarrolla en la provincia, el Gobierno de Mendoza lleva adelante un trabajo interministerial que aborda la responsabilidad y reparación del propio Estado; la visualización de los hechos y concientización de la sociedad y la asistencia sanitaria a los actores de esto proceso judicial.

Dada las características y la magnitud de este cuarto juicio que se realiza en nuestra provincia por la represión ilegal aplicada en el plan sistemático de exterminio operado en nuestro país entre 1976 y 1983, las tareas de cada una de las áreas implicadas del Estado mendocino son más grandes e intensas. Es que en este proceso, la Justicia Federal juzga a 41 imputados por las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas. Se trata de un megajuicio, dada la particularidad de que es acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, penitenciarios y ex-magistrados (jueces, fiscales, defensores) de la Justicia Federal; estos últimos como partícipes civiles.

“Es un trabajo interministerial que se lleva adelante desde la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, tomando parte en los juicios, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, quienes también son parte querellante en estas causas y que además tienen la función propia de la recuperación de la memoria en estos procesos y del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Gestión de la Salud, que asiste y acompaña a los testigos y víctimas del terrorismo de Estado en estos momentos difíciles que deben atravesar en audiencias públicas reviviendo aquellos trágicos sucesos, los cuales en muchos casos tienen consecuencias muy fuertes a nivel emocional”, explicó Romina Ronda, subsecretaria de Justicia.

Responsabilidad y reparación del Estado

Ronda indicó que el Gobierno de la Provincia desde hace más de cuatro años viene trabajando, tomando parte activa en los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en la provincia, a través de la participación como querellantes en esas causas.

“Esta figura significa que el Gobierno se involucra activamente en la investigación y juzgamiento. Puede ofrecer pruebas, alega su propia acusación y simbólicamente, a partir de la intervención en las audiencias, pretende hacer suyo el proceso de memoria, verdad y justicia. Un Estado que durante la dictadura fue un Estado terrorista hoy se compromete activamente en ese proceso de recuperación de los valores democráticos”, opinó Ronda.

A diferencia de los procesos anteriores, en este cuarto juicio se investiga el accionar de la Justicia Federal durante el período 1976-1983. Se encuentran procesados y acusados de participación en estos crímenes de lesa humanidad, ex magistrados federales. “Esto pone de relieve la intervención civil durante la dictadura. Sabemos que sin esa pata civil en la Justicia, en las corporaciones de medios, en las corporaciones económicas no hubiese sido posible implementar el plan criminal sistemático de terror que se vivió en aquellos años. Esa es una particularidad más importante que tiene este juicio. Para nosotros, la sentencia como productora de verdad jurídica también es un hecho de reparación en sí mismo y esa es la razón por la cual el Gobierno de Mendoza, el Estado provincial y nacional intervienen y participan activamente de estos procesos", añadió.

Visualización y concientización

En cuanto el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el juicio, su titular Juan Manuel González comentó que además de acompañar con un equipo de abogados en las querellas junto al de la Subsecretaría de Justicia se asumió el  rol de darle visibilidad a lo que está pasando. Este juicio es de carácter histórico, por lo que entendemos que debemos visualizarlo en la sociedad. También por este motivo se creó la Red Sindical de Derechos Humanos, que nos acompañó el día de la apertura del juicio, en un acto que se realizó en la explanada del Poder Judicial”.

El subsecretario también señaló que este proceso es acompañado por los municipios, a través del Consejo Provincial de Derechos Humanos, como una política del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos y con el fin de darle una mayor trascendencia, y que la sociedad civil sea quien pueda involucrarse definitivamente.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos también se está trabajando en el registro audio visual de este proceso judicial. El mismo día del inicio del juicio se firmó un nuevo convenio con el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (INCAA), al igual que se hizo en los anteriores, para que se pueda documentar todo el desarrollo de las audiencias y que este material quede a disposición, no solo para el archivo del INCAA, también para que pueda ser utilizado y darle mayor difusión.

“Si bien la sociedad mendocina todavía tiene sectores muy reaccionarios, ya que el año pasado hemos tenido situaciones muy graves, con destrucción de placas y pintadas en diferentes municipios; en general la sociedad nos acompaña, está con nosotros en este juicio, se involucra. Sin embargo nosotros queremos que tenga más participación aún. Porque las víctimas del terrorismo de Estado fue toda la sociedad civil mendocina y argentina, no fue solamente unos grupos o sectores, como los trabajadores o los estudiantes, sino que todos fuimos víctimas”, explicó González.

Por otra parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos avanza para concretar convenios con la Dirección General de Escuelas para que los alumnos de las secundarias públicas de Mendoza puedan ir, ver y vivir en carne propia lo que está pasando; como así también las universidades.

Asistencia sanitaria

Respecto a la atención sanitaria durante el juicio, la Subsecretaría de Gestión de la Salud está trabajando mancomunadamente e integrada junto a los otros ministerios involucrado para colaborar en la protección, tanto en la prevención como en la asistencia a los que están declarando en el juicio. “Este es una labor de un equipo integrado, uno de los más importantes de la República Argentina, donde se acompaña a los testigos en todo su proceder, antes, durante y después de declarar, en todo lo que atañe a su problema psicológico”, expresó su titular, Oscar Renna.

Por otra parte hay una tarea de prevención, que se hace a través de emergentólogos. Están presentes durante las jornadas, por si alguna persona tiene una descompensación. “Los profesionales tienden, analizan el estado hemodinámico si es necesario, están comunicados con el Sistema Coordinado, y si es necesario, en sólo cuatro minutos llega una unidad móvil. Y también está la relación directa con el director de Hospitales para poder asistirlos”, detalló Renna.

El equipo interdisciplinario, especialmente el de salud mental, hace un seguimiento por un largo tiempo, “porque estas situaciones tienen un impacto no sólo personal sino también familiar, laboral y de reinserción en la comunidad, después de haber padecido y escuchado todo lo que lo que ocurrió durante esa década nefasta”, aclaró el Subsecretario. 

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