Megajuicio: “Si no los torturamos cómo podemos saber lo que queremos”

En Tribunales Federales se desarrolló hoy una nueva audiencia en el debate oral y público en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la provincia de Mendoza. La audiencia contó con las declaraciones Hortensia Ramos, Graciela Morales, Alfredo Ghilardi y Elvio Miguel Belardinelli, que atestiguaron sobre las detenciones ocurridas en 1976 en el departamento de Rivadavia.

 

“He venido a cumplir con mi hijo, que ya no está… se lo debía”, expresó Hortensia Ramos, citada para dar declaración sobre la detención de su hijo, Mario Roberto Díaz, ocurrida el 16 de septiembre de 1976.

 

Mario fue recordado por su madre como una persona alegre y noble. Fue secretario de la Juventud Peronista, recibido con condecoraciones de psicoterapeuta en Córdoba y tenía una discapacidad de nacimiento en uno de sus brazos. 

 

Aquel 16 de septiembre, dos policías irrumpen la vivienda donde se encontraba Mario y lo llevan a la única comisaría que existe aún en Rivadavia. Allí estuvo detenido durante dos días hasta ser trasladado a la Comisaría Tercera y posteriormente a La Plata donde permaneció en cautiverio siete años y medio.

 

“Nosotros somos gente humilde; más de una vez no comíamos para poder ir a verlo”, expresó Hortensia al relatar los diferentes centros clandestinos de detención (CCD) por los que peregrinó para dar con su hijo, entre ellos Devoto, Sierra Chica, Caseros y Rawson.

 

Supo sobre las torturas que padeció Mario por compañeros de éste, sobre lo cual refirió al ex-oficial de la policía de Mendoza, Juan Agustín Oyarzabal Navarro. Este ex-oficial, era vecino de la familia Díaz Ramos y según la testigo, jamás brindó información sobre el paradero de Mario, incluso fue quien le aseguró que “si no los torturamos cómo podemos saber lo que queremos”. 

 

Entre los oficiales de la Comisaría de Rivadavia recordó además al subcomisario Guevara, con quien se encontrara en varias oportunidades. “Teníamos mucha rabia con mi marido y queríamos demostrarle que sabíamos que ellos habían torturado a nuestro hijo. Yo lo miraba nada más. Qué le dirían mis ojos no sé, pero me tenía miedo”.

 

 

Sobre los recursos presentados ante la Justicia, la testigo declaró que mediante el abogado Aguinaga presentó un habeas corpus, que fue rechazado con costas. Posteriormente, Mario Díaz fue sometido a un Consejo de Guerra que lo condenó a 10 años de prisión por tenencia de armas; su abogado defensor, era un teniente que le confesó haber sido puesto  como “palo blanco”.

 

El 15 de marzo de 1984 fue liberado, dejando sin efecto la sentencia armada por el Consejo de Guerra.

 

Mario Díaz falleció hace tres meses por un tumor en la columna provocado a raíz de las torturas que recibió en los distintos CCD.

 

El segundo testimonio fue brindado por Graciela Edith Morales. Oriunda de San Rafael, fue citada para prestar declaración sobre las dos detenciones sufridas por su hermana Alicia Morales y sus sobrinos.

 

De esta manera se supo que la primera detención de Alicia Morales se produjo el 13 de junio de 1976. Alertados por el llamado de una vecina, la familia Morales viajó a Mendoza para dar con Alicia y los pequeños. En el camino, la familia fue interceptada por un móvil policial que los conduce hasta el garage de la casa de Alicia. Al ingresar, Graciela observó que la casa de su hermana estaba destrozada.

 

Tras esto, la familia fue trasladada a un lugar cuya descripción se identifica con el D2. “Al llegar le pregunté a los oficiales dónde estaban mis sobrinos y me respondía que sino estaban en una familia de bien, estarían  en el orfanato”. En el D2 pudo ver de lejos a su hermana Alicia y recuperar a los pequeños. “Regresamos a San Rafael con los niños y a la mañana siguiente volvimos al D2, donde nos negaron información sobre Alicia”.

 

En reiteradas visitas al D2, Graciela junto a su padre vio a dos camillas con cuerpos tapados. “Mi padre me dijo que no mirara, nos dimos vuelta y nos fuimos sin que nadie nos atendiera”.

 

Posteriormente la familia Morales, dio con Alicia cuando fue sometida a un Consejo de Guerra. La testigo  identificó la presencia del exmilitar Tamer Yapur.

 

En cuanto a las acciones presentadas ante la Justicia Federal, recordó que en una oportunidad, un fiscal le dijera a su padre “déjese de joder Morales porque usted sabe que aquí mandan los militares y la justicia se la pasan por el culo”. Este fiscal fue reconocido por fotografías publicadas en portales de diarios en el 2011 y agregó “en esa foto aparece levantando el dedo, con esa misma actitud se dirigió a mi padre, esa persona fue Otilio Romano”. 

 

En el mes de septiembre de 1976, la familia Morales supo que Alicia seguía en el D2. A los días, mediante un telegrama les informaron que Alicia quedaba en libertad. Pero poco después de esto, tras una persecución y nuevo allanamiento se produce la segunda detención. Alicia fue llevada a la cárcel de San Rafael y “ahí otra vez estuvimos varios días sin saber dónde estaba”, expresó Graciela.

 

Nunca recuperaron las pertenencias robadas en los allanamientos que padeció Alicia y fue obligada a firmar documentos en donde declaraba que sus bienes inmuebles pertenecían a la Agrupación Montoneros, por lo cual, éstos quedaban a disposición del PEN bajo el decreto 20840.

 

 

El tercer testimonio de la jornada fue prestado por Alfredo Luis Ghilardi. Oriundo de Rivadavia, fue diputado por el Peronismo en el año ‘73, formó parte de la Comisión de derechos humanos del Senado y fue Legislador durante veinte años.  

 

Además fue uno de los integrantes del grupo “los diez”, quienes defendían al ex-gobernador Martínez Vacca en el juicio político en su contra.

 

En su testimonio, Ghilardi expresó que “cinco meses antes del golpe de Estado ya se hablaba de listas negras y del advenimiento de un proceso de aniquilamiento”, expresó el testigo antes de detallar sobre las dos detenciones de las que fue víctima.

 

La primera detención se produjo el 22 de agosto del 76. Tras un allanamiento en su vivienda, fue detenido por poseer un libro considerado subversivo.

 

Fue trasladado a la Comisaría de Rivadavia a cargo de un ex-comisario de apellido Miranda y donde se encontraban además los ex-oficiales Navarro y Agüero. Desde allí fue llevado a la 8va Compañía de Comunicaciones. En ese traslado reconoció a dirigentes peronistas, demócratas y personas con las que no poseía vinculación alguna. 

En la 8va Compañía permaneció 48 horas, tras esto quedó en libertad. 

 

Su segunda detención se produjo el 13 de septiembre de 1977, donde fue llevado directamente al D2 donde permaneció 8 días en cautiverio. En esa ocasión expresó la existencia de un grupo de Investigaciones que dependían del Comando del Ejército, encargado de trasladarlo junto a otros presos políticos, entre ellos Pedro Antonasi, Jose Orlando Burgoa, ya fallecidos.

 

En el D2, recordó a una mujer que gritaba pidiendo ayuda y gritando su nombre. Se trata de la profesora de matemáticas de 28 años de edad, desaparecida el 13 de septiembre de 1977, Olga Roncelli de Saieg. Sobre este caso expresó: “No la vi pero sé que estaba en un calabozo cerca del mío. Al rato esta chica dejó de quejarse y aparentemente se la habían llevado muerta”.

 

 

Su testimonio aportó datos que incriminaron directamente al exoficial Oyarzabal. De esta manera aseguró que éste formaba parte del Comando Pío XII junto a Santuchone y Smaha. Además, recordó un episodio donde Oyarzabal se adjudicara en público el asesinato de un fotógrafo de apellido Bernal y el de su secretaria, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en San Juan. 

 

 

El último testimonio fue el de Elvio Miguel Belardinelli. También oriundo de Rivadavia, militó desde el Peronismo y llegó a ser congresal provincial.

 

Para 1977, Belardinelli trabajaba en su taller cuando recibió el llamado desde la Comisaría departamental. Al llegar, el excomisario Guevara lo detuvo sin ofrecerle información sobre los motivos de su detención. Además reconoció al ex- oficial Juan Agustín Oyarzabal en sus funciones como comisario del departamento durante los años de dictadura. 

 

Fue al D2, el 27 de agosto del 77, donde sufrió tortura bajo picana eléctrica en dos ocasiones. En estas sesiones reconoció la voz aporteñada del torturador. 

 

Su cautiverio en el D2 coincidió con el de otros presos políticos entre los que mencionó a una mujer a quien llamaba “la Mari” y a un grupo de detenidos oriundos de Malargue. 

 

Posteriormente, el testigo fue trasladado a la Comisaría 7ma de Godoy Cruz donde pasó los siguientes dos meses hasta ser llevado a la Penitenciaría Provincial. Luego de veinte días en ese lugar, fue llevado a la  U9 de La Plata en un violento traslado masivo. En ese lugar padeció torturas, golpes y vejaciones. “Nos hacían poner en  fila y nos pegaban con lo que tenían en la mano”.

 

Recuperó la libertad en diciembre de 1977, tras pasar dos años en La Plata. 

 

Sobre los motivos de su detención, mencionó que había prestado su firma como aval para una persona que alquilaba una casa. Esta persona, también era militante del peronismo, de apellido Azales, apodado “ropero”.

 

Belardinelli estuvo detenido sin causa y quedó en libertad el 17 de noviembre del 76. Aún así permaneció a disposición del PEN mediante la firma de Tamer Yapur.

 

Finalmente, a pedido de los integrantes del Tribunal, la audiencia debate continúa hoy, martes 21 con el testimonio de Jesús Manuel Riveros, José Luis Bustos, Carlos Alberto Rossi, Gabriel Alberto Carrasco y Adriana Montemayor.