Mendoza dispone medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
A partir del 1 de junio, las entidades registradas o a registrarse en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) deberán informar sobre sus beneficiarios finales y el origen y licitud de los fondos de su capital, cumpliendo de este modo con las exigencias fijadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La UIF es el organismo nacional encargado del análisis de información con el objeto de prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).
La Resolución 1700/2022 de la DPJ, que se publica este miércoles 4 de mayo en el Boletín Oficial, se encuentra en concordancia con las responsabilidades que la República Argentina tiene como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta organización intergubernamental fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.
El director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira, expresó que “el objetivo principal es colaborar eficazmente con la tarea que desarrolla la Unidad de Información Financiera en la prevención de estos delitos. La información requerida por este organismo nacional es necesaria para un adecuado análisis de riesgo, procurando de esta manera que la Provincia cumpla adecuadamente con los estándares internacionales de transparencia”.
¿Qué es la UIF?
En nuestro país, la Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo que tiene a cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información con el objeto de prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y los delitos económico-financieros complejos (DEFC).
A través de estos controles se busca prevenir el lavado de activos, es decir el “proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”. Se trata de un mecanismo mediante el cual se busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de una actividad ilícita, intentando en ese proceso dar a esos fondos apariencia de haber sido obtenidos legalmente.
Asimismo, se pretende combatir la financiación del terrorismo, entendida como cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas, provenga tanto de bienes lícitos como ilícitos, estando en este último caso vinculado al lavado de activos.