Jueves 23 de mayo: suspensión de clases presenciales en La Carrera, Santa Clara y Gualtallary

PROGRAMA GAS PARA TODOS


A fin de  aceitar los mecanismos que permitan solucionar la distribución,  comercialización y control del “Programa Garrafa para todos”, el gobierno de la provincia creó el  Consejo Social Energético integrado por representantes de los ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Humano; Producción, Seguridad e Infraestructura.

El anuncio fue efectuado en conferencia de prensa por el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Ariel Pringles; el subsecretario de Energía y Combustibles, Walter Vazquez; la Subsecretaria de Desarrollo Carlina Duplessi;  el subsecretario de Relaciones con la comunidad, José Pereyra y la directora de Fiscalización y Control, Carmen Caballero al termino de una reunión con referentes sociales de todos los municipios de la provincia.

Este Consejo trabajará en la generación de un sistema destinado a normalizar la provisión de gas envasado priorizando a la población que se encuentra en vulnerabilidad social. Al efecto, los municipios harán llegar este lunes al Consejo,  un mapa barrial con las poblaciones que carecen de gas natural, a fin de que los comerciantes adecuen su oferta. En este sentido, el comerciante deberá priorizar a aquellas personas que sean beneficiarias de prestaciones tales como la  asignación universal por hijo; Subsidio al servicio de agua (ley 6044); derecho alimentario (tarjeta ticket, tarjeta nutrifamilia); todo tipo de pensiones no contributivas o jubilados que perciban el haber mínimo. Asimismo,  deberá llenar una planilla con   los datos del cliente.

Durante la reunión con los municipios se acordó asimismo implementar una red de inspección para que se respete el precio establecido para la garrafa y detectar a los infractores.

El subsecretario de Relaciones Institucionales Ariel Pringles sostuvo que  “se atenderá el pedido de todos los hogares que soliciten la garrafa social y se profundizarán las medidas de control sobre la oferta y la demanda de la provisión del servicio, mediante una norma interministerial que tendrá medidas sancionatorias que llegarán hasta la clausura de quien comercialice indebidamente.

Por su parte, la Dirección de Fiscalización y Control juntamente con las areas de inspección de los municipios efectuarán un programa de concientización a nivel comunicacional. Se promoverá además el control social de los vecinos quienes podrán efectuar denuncias por sobre precios o acaparamiento al 0800-222-6678, de Defensa del Consumidor.

Fuente: Gobierno