Quieren que se elimine la inhabilitación o curatela como requisito para obtener pensiones

Con el fin de garantizar que las personas en situación de discapacidad accedan al beneficio que les corresponde sin resignar sus derechos ciudadanos, funcionarios del Ejecutivo local y Nacional y representantes de la Justicia de Familia de Mendoza avanzaron en la elaboración de un protocolo común para la tramitación de pensiones por discapacidad.

El reemplazo de la declaración de insanía por la solicitud de medidas de apoyo y salvaguarda en el trámite judicial y la incorporación de un diagnóstico biopsicosocial como fundamento de la solicitud de pensión fueron algunas de las alternativas que evaluaron en el encuentro que se realizó hoy en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno y en el que participaron la directora de Discapacidad Maria Cabutti y el presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Germán Ejarque, la titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Marcela Ilacua; y la jueza, Ana María Montalvo, del 7° Juzgado de Familia.

Estuvieron presentes también, la responsable de la Comisión de Pensiones Nacionales, Flavia Manoni y las asesoras del 7° y 2º Juzgado de Familia, Ana María Montalto y Adriana Citadini, entre otras autoridades.

“Esta reunión es parte de una serie de encuentros que venimos realizando con representantes de los juzgados y de la Comisión Nacional de pensiones para la restitución de los derechos que muchas personas en situación de discapacidad dejan de ejercer porque no tienen otra alternativa que solicitar una inhabilitación judicial para obtener una pensión”, explicó Germán Ejarque.

Por su parte, la directora de discapacidad María Cabutti, destacó la predisposición de los responsables de las instituciones involucradas con la tramitación de pensiones de discapacidad que permite generar un espacio de trabajo común para garantizar que “todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos”.