Romina Ronda: "Trabajamos en ésta y en otras reformas de la justicia penal"
La subsecretaria de Justicia, del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, Romina Ronda informó acerca del proyecto de ley que el gobernador Francisco Pérez enviará a la Legislatura Provincial para optimizar los recursos humanos y económicos en la justicia penal y hacerla más eficiente.
“Este proyecto tiene –señaló la funcionaria- como objetivo fundamental reorganizar la justicia penal de manera de hacerla más eficiente con los recursos humanos y materiales que ya existen en el Poder Judicial. Proponemos transformar los juzgados correccionales que son 6 en la Primera Circunscripción, o sea en el Gran Mendoza y dos en el Este de la provincia en juzgados de garantías y correccionales por una parte y juzgados de flagrancia por otra. Esto tiene que ver con que la justicia correccional está excedida operativamente para el cúmulo de causas que tiene que resolver”.
“De esta manera refuncionalizamos la justicia correccional, elevamos el número de decisores en materia de garantías y de flagrancia que por el contrario están abarrotados de causas e introducimos criterios de eficacia y agilidad en el proceso penal”, agregó.
La funcionaria señaló que “Desde el 1ro. de mayo venimos trabajando en este tema. Fue uno de los proyectos que anunció el gobernador Francisco Pérez. Trabajamos en ésta y en otras reformas procedimentales y de la orgánica de la administración de la justicia penal”.
También explicó que la justicia correccional, que tiene intervención en los delitos más leves, está excedida operativamente, con recurso y tiempo ocioso en el poder Judicial que puede estar destinado justamente para el tratamiento de los delitos o hechos criminales más graves que están ocurriendo en la provincia.
“Se trata de optimizar los recursos humanos y económicos que ya están; propender a una mejor distribución, mejor organización que colabore en la investigación y resolución más rápida de los hechos criminales que ocurren en la provincia” aclaró Ronda. Y agregó: “Esto sólo por sí mismo no basta. Hay que avanzar en la implementación de la Policía Judicial, en la autonomización de la defensa pública, en la definición de política criminal que exceda en la lógica de caso por caso y que ataque la criminalidad organizada que existe en la provincia y de esa manera prevenga la comisión de hechos ilícitos”.
Para finalizar la subsecretaria expresó: “Creemos que la justicia tiene mucho que ver en la definición de la política de seguridad porque, si bien es cierto que llega cuando los hechos ya han ocurrido, también es cierto que la impunidad y la percepción de ineficacia del sistema penal atentan contra cualquier política de prevención que en materia de seguridad se quiera avanzar”.