Se presentó un proyecto de ley para adecuar la legislación mendocina que protege a los menores

La iniciativa que nació de la unión y mixtura de un proyecto ideado por la Cátedra de Familia de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y otro formulado por el ministro Carlos Ciurca en el año 2005 cuando era diputado, propone modificaciones esenciales a la ley provincial 6354 en lo referente al funcionamiento de los Juzgados de Familia, no así de los Juzgados penales de Menores.

Los encargados de recepcionar el proyecto y comprometerse a tratarlo en breve fueron las autoridades de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas cámaras.

Básicamente esta iniciativa apunta a modificar sustancialmente las funciones del Poder Judicial ya que le devuelve su función primordial, que es velar por el cumplimiento de las leyes, estableciendo que a partir de la sanción de esta norma el juez vuelve a aplicar derecho y no a intervenir en situaciones de vulneración o amenaza de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“El juez debe abocarse a lo legal y no a lo social, lo social debe ser resuelto por el Ejecutivo y dentro del Ejecutivo por el Ministerio encargado de esa área”, afirmó Kemelmajer de Carlucci durante la presentación.

Entre sus puntos más destacables la norma presentada establece, la creación de un comité de Bioética que pueda ser convocado por un magistrado cuando el caso lo amerite, se establece un turno en materia de protección de derechos que funcionará a jornada completa incluyendo días no hábiles.

Se establece la participación obligatoria del juez en las audiencias, se estipula la existencia de una audiencia preliminar obligatoria que apunta a la mediación y acuerdo de partes antes de llegar a un juicio para agilizar los procesos.

Se establece como Garantía de Prioridad que será el Estado el que otorgue los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de la ley, al mismo tiempo que deberá promover la creación de direcciones municipales que apunten al acceso a los derechos de los que son titulares y a los programas disponibles.

Otro punto importante es la creación de la defensoría de niños, niñas y adolescentes, que estará a cargo de un abogado dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de los más pequeños en cualquier proceso judicial.

Edición: Sandra Pizarro