Trabajo Infantil: se detectaron 5 casos nuevos y se aplicaron multas a empresarios de San Rafael
La Subsecretaría de Trabajo impuso a los empresarios que utilizaban mano de obra infantil multas de $ 5.000 por cada niño afectado al trabajo. Los niños relevados en los operativos efectuados en el mes de noviembre del año pasado han sido asistidos sanitariamente desde el área departamental de salud a cargo del Dr. Raúl Garavaglia, desde donde se los vacunó y atendió a fin de verificar su correcto estado de salud.
Asimismo desde la Coordinación Regional Zona Sur de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia se formuló una denuncia ante el Servicio Único de Protección Integral de Derechos -SUPID- con el objetivo que las asistentes sociales brinden el asesoramiento pertinente a las familias de los menores que fueron encontrados trabajando.
El coordinador Regional Sur de la Subsecretaría de Trabajo, Raúl Alberto Oyola afirmó: “Esta semana se realizaron nuevos operativos de inspección en el sur provincial donde se encontró a 5 menores más y se infraccionó a las personas que explotan los hornos además de ordenarles que cesaran inmediatamente con la utilización de niños para realizar tales labores”. Trabajaban en los distritos de Las Malvinas, Villa Atuel y en la localidad de Calle Larga en el distrito Cañada Seca.
El coordinador, Raúl Oyola adelantó que: “En esta semana se formulará una nueva denuncia ante el SUPID a fin que se tomen las medidas correspondientes, y se organizará conjuntamente con la Municipalidad de San Rafael, reuniones con los miembros de la comunidad boliviana del mismo departamento a fin de informales e instruirles acerca de las prohibiciones respecto de la utilización de niños en la actividad laboral, como así también los trámites que deben realizar para autorizar a los adolescentes a trabajar”.
Trata de Personas
Se está investigando si es un posible caso de trata de personas en la actividad del ladrillo debido a que los dueños de los casi 400 hornos que hay en el sur provincial serían tan sólo 4 o 5 personas quienes suscriben contratos de locación a familias bolivianas a cambio de que trabaje el grupo familiar completo. Al finalizar la temporada le entregan a la familia solo el 20 o 30 % de la producción total del horno que exploten, y el empresario -que no figura en ningún lado- se lleva el resto.
Las familias completas son trasladadas desde Bolivia, como si fuesen un combo de trabajadores manteniéndolos en condiciones laborales deplorables para luego brindarles una ganancia ínfima.
El problema mayor se presenta porque las personas que vienen del exterior cometan la situación pero después se niegan a declarar por temor a represalias, y tampoco quieren dar los datos de las personas que las traen desde Bolivia.