Ambiente impulsa la ley de trazabilidad de agroquímicos
Investiga la muerte de los 34 cóndores en Malargüe con el apoyo de la Fundación Bioandina Argentina, la Policía Rural, organizaciones ambientales y científicos del Conicet. Las autoridades destacan la necesidad de generar leyes que garanticen evitar este tipo de casos.
En un hecho sin precedentes, fueron hallados 34 cóndores muertos en la localidad de Los Molles, Malargüe, Mendoza, a casi 3.000 metros de altitud. Se comprobó que los ejemplares estaban amontonados y parcialmente quemados.
En un cuadro típico de envenenamiento, se hallaron además, en el lugar, cadáveres de un puma (Puma concolor) y animales domésticos (cabras y ovejas). Los estudios toxicológicos realizados demostraron científicamente el uso ilegal de carbofurano, un poderoso tóxico prohibido en varios países del mundo. Desgraciadamente, algunos pobladores ilegalmente usan veneno para tratar de controlar grandes carnívoros (pumas, zorros, perros, etc.).
Con ello, no sólo causan la muerte de especies carroñeras, encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana.
Por la gravedad del delito, de inmediato se realizó la denuncia en la Fiscalía de Malargüe y se activaron los mecanismos administrativos y legales para hallar a los culpables. El caso provocó la detención de dos personas, se involucró al dueño de las tierras y se concretaron numerosos allanamientos en la zona.
A estos 34 ejemplares se suman otros 32 cóndores muertos por la misma causa, hallados durante 2017 en otras provincias del país. Un total de 66 cóndores –equivalente a la mitad de la población silvestre de Ecuador– murieron en los últimos trece meses en Argentina por esta grave problemática. Si sumamos las crías que se perdieron con la muerte de los ejemplares adultos y los numerosos casos que aún no fueron denunciados, es alarmante el impacto que tiene el uso ilegal de cebos tóxicos en Argentina.
En Mendoza, el cóndor andino (Vultur gryphus) está declarado Monumento Natural Provincial mediante Ley 6599/98. Además, es protegido por la Ley Provincial 4602, con su modificatoria Ley 7308 y el Decreto Reglamentario 1890/05. En tanto que Mendoza adhiere a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna. Dentro de la tipificación de multas en la provincia, la pena por afectar a esta especie va desde $35.560 a $222.250.
Las autoridades continúan investigando y profundizando el caso de Los Molles. Sin embargo, resaltan la necesidad de generar leyes que garanticen la trazabilidad o seguimiento de estas sustancias, dado que no existen en el país normas legales que permitan monitorear la venta de estos peligrosos productos hasta los usuarios. Por ello, las ONG lanzaron la campaña “Ayuda a conseguir la Ley de Trazabilidad de Agrotóxicos en Argentina” , que ya tiene miles de firmas de apoyo.
Merece destacarse que el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, está impulsando la ley de trazabilidad de agroquímicos en la provincia (ya con media sanción en el Senado) y reclamará que el nuevo Código Penal Nacional castigue a quienes pongan en peligro de extinción a una especie silvestre.
Se convocó a organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a sumarse a esta campaña y se solicita a la comunidad que ante la presencia de animales muertos, no se debe tocar nada en el sitio, alejarse de inmediato y dar aviso urgente a las autoridades de fauna y policía local.
Para más información, contactar con:
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.mendoza.gov.ar/ambiente, 0261 4252090.
Fundación Cullunche: 0261 3633078.
Fundación Bioandina Argentina: www.bioandina.org.ar.
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 011 48080163.
